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Investigación de ‘LA NACIÓN’ en archivos judiciales

65 candidatos fueron condenados por no pagar

Actualizado el 20 de enero de 2014 a las 12:00 am

Documentadas 205 demandas civiles contra 91 aspirantes a puestos de elección popular. La mayoría fueron interpuestas por bancos

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Un total de 65 candidatos con posibilidades de ganar un puesto de elección popular el 2 de febrero –de 19 partidos políticos– fueron condenados en distintos juzgados por no pagar sus deudas.

Entre todos acumulan 113 demandas civiles que fueron declaradas con lugar por los jueces.

A 13 de los aspirantes condenados les remataron propiedades o vehículos que respondían por dichas deudas, según consta en los documentos judiciales.

La mayoría de demandas (108) fueron interpuestas por bancos y otros entes financieros, seguido de reclamos de personas particulares y cobros judiciales de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Las deudas de los candidatos condenados ascienden a ¢188 millones en valor presente.

Los datos provienen de un estudio de la Unidad de Investigación e Inteligencia de Datos de La Nación , que revisó más de 500 expedientes civiles depositados en el Archivo Judicial.

Este diario analizó los nombres de los 340 candidatos con más probabilidades de ser electos en las próximas votaciones .

Se examinó a 42 postulantes de cada uno de los principales partidos políticos: Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana y Frente Amplio.

Además, se revisó el historial judicial de los primeros dos postulantes para cada provincia de los otros 16 partidos inscritos.

Al cobro. Del grupo estudiado, un total de 91 candidatos registran al menos un reclamo por no pago.

Todos los reclamos suman ¢312 millones, en colones de hoy.

De las 91 personas, 34 llegaron a un acuerdo extrajudicial o pagaron antes de que les fuese impuesta una condena.

En total, La Nación pudo documentar 205 demandas civiles contra alguno de los aspirantes a la Presidencia, vicepresidencias y a una curul en el Congreso.

Otro tanto igual de expedientes en los que varios candidatos figuran como demandados, ya fue destruido por el Archivo Judicial y se desconoce cuál fue su desenlace.

Los motivos de los reclamos judiciales van desde la falta de pago de electrodomésticos, enciclopedias, cuentas de teléfono, carros o un curso de idiomas, hasta el atraso en hipotecas con bancos estatales.

El Gallo más Gallo, el Verdugo, Credomatic, Fertica, el ICE, agencias de vehículos, municipalidades y hasta los grandes bancos del país figuran como demandantes.

Entre los cinco partidos que destacan con mayor intención de voto, el Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana son los que tienen más candidatos con demandas (28% cada uno).

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Los siguen miembros de Liberación Nacional (20%) y de Acción Ciudadana (14%). El Frente Amplio registra nueve casos de cobros civiles que involucran a cinco de sus candidatos (10%).

Mala racha. Quien más condenas tiene es Gilbert Ureña Fonseca, el primero de la lista de candidatos a una curul del Partido de los Transportistas, con cinco reclamos declarados con lugar por los juzgados.

Entre 1992 y el 2007 Ureña acumuló nueve cobros judiciales.

Él explicó a este medio que todo se trató de “una mala racha económica” que tuvo y ya superó.

Carlos Hugo Salazar Ramírez, quien encabeza las candidaturas a diputado por Alajuela de Avance Nacional, registra 10 demandas civiles, seis de ellas del Banco Nacional contra él o una empresa suya. Lo condenaron dos veces a pagar.

Durante varios días La Nación trató de contactar a Salazar para hablar de este tema. Se le llamó a sus números telefónicos e incluso a través de la encargada de prensa de su partido, pero nunca respondió a los mensajes que se le dejaron.

Por otra parte, siete candidatos evitaron pagar lo que les correspondía, pues los jueces consideraron que las deudas estaban prescritas, en algunos casos porque nunca fue posible notificar al deudor.

En dos casos, el Banco Popular desistió de perseguir a los candidatos deudores pues no tenían bienes para embargar o no pudieron ser notificados, y siguió el cobro contra los fiadores. Uno de estos casos fue contra Gerardo Guevara Sequeira, segundo lugar por Guanacaste del Movimiento Libertario. El banco lo demandó en 1993 por una deuda estimada en ¢418 mil (valor actual).

En 1996, el Popular desistió de perseguir a Guevara y siguió el proceso contra sus fiadores, quienes fueron condenados a pagar.

Consultado por el tema, Guevara respondió que “todo está en regla”. “Me parece muy bien esto que están haciendo. Todas las personas que ejerceremos un puesto en el Gobierno tenemos que estar limpios”, dijo.

Usted puede revisar todos los casos mencionados en la aplicación interactiva #NOVOTOACIEGAS en www.nacion.com.

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