De convertirse en presidente de la República, José María Villalta, candidato de Frente Amplio (FA), promovería un Estado controlador y en muchos casos benefactor.
Así se desprende de una revisión de su programa de gobierno contenido en un documento de 119 páginas, en el cual resaltan cerca de 100 propuestas de reformas legales o constitucionales para lograr esos objetivos.
El candidato apuesta a mayores controles y regulaciones estatales para evitar alzas excesivas en productos y servicios esenciales de la canasta básica.
También plantea regular el precio de las medicinas por medio de un reordenamiento del mercado, con el fin de evitar “cobros excesivos” y competencia desleal.
Las tarifas que cobran las universidades privadas también estarían sometidas a regulación, lo mismo que los aumentos en el alquiler de viviendas.
El plan de gobierno se divide en 21 capítulos que van desde las medidas para reducir la desigualdad social y la pobreza, hasta la política económica y política exterior.
A lo largo de la propuesta, el Estado aparece siempre como el actor principal.
En criterio de Villalta, se trata de un plan enfocado en lo social pero “a la tica”. Se fortalecen las competencias que el Estado ya tiene, pero que hoy no está ejerciendo, argumenta.
En seguros –mercado abierto a la competencia con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos desde el 2008 – plantea devolver a control estatal la comercialización del seguro de riesgos del trabajo.
Para energía propone detener la participación de empresarios privados en la generación de electricidad, así como derogar o revisar integralmente la ley de cogeneración eléctrica, vigente desde 1990.
Villalta dijo que esta ley debe ser examinada para garantizar que no se repetirán los abusos del pasado, cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tuvo que pagar sobreprecios.
El Partido Frente Amplio además procuraría una reforma legal para devolverles el carácter de servicio público a las telecomunicaciones. En criterio del candidato, se trata de un servicio esencial que debe beneficiar a toda la colectividad y tener tarifas reguladas.
En materia de puertos plantea frenar la privatización y fortalecer la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), lo mismo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) .
“En un gobierno del Frente Amplio, el MOPT volverá a construir obra pública y dejará de ser un cascarón que regula mal los negocios privados”, dice la página 32 del plan en el capítulo sobre obra pública.
Además, en una administración frenteamplista el Consejo Nacional de Producción (CNP) retomaría viejas prácticas como la compra de cosechas, especialmente de granos y otros alimentos incluidos en la canasta básica.
Restablecería los programas de asistencia técnica, transferencia tecnológica y capacitación a pequeños productores agropecuarios, además de la universalización del seguro de cosechas.
Cesantía sin tope. En materia de salarios, José María Villallta quiere eliminar el tope del auxilio de cesantía para garantizar que las personas trabajadoras del sector público y privado reciban una indemnización correspondiente al total de años efectivamente laborados.
Según dijo, ya existe una iniciativa de ley con ese objetivo y aseguró estar dispuesto a buscar alternativas que le den viabilidad política y técnica al proyecto, ante el efecto que esta disposición tendría en los presupuestos de algunas instituciones.
Villalta también promoverá la Ley de Salario Mínimo Vital , cuya pretensión es que los sueldos llenen las necesidades básicas.
Además, impulsa una ley para crear un régimen de aseguramiento colectivo que cubra a las trabajadoras informales que no cuentan con ingresos para pagar el seguro.
Para apoyar la tenencia de casa propia, Frente Amplio propone ampliar la lista de materiales de construcción exonerados de impuestos, así como flexibilizar los requisitos para bonos comunales.
Aunque gran parte de las medidas dependen de su aprobación en el Congreso, Villalta no lo ve como un impedimento.
Según él, muchas reformas ya están en la agenda legislativa y otras podrían echarse a andar mediante decretos ejecutivos.