EscucharLa orden está dada: el domingo 6 de abril a las 6 a. m., el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrirá de nuevo las 6.515 mesas de votación para definir quién será el próximo presidente de la República.
La imposibilidad de Johnny Araya Monge, de Liberación Nacional (PLN), y de Luis Guillermo Solís Rivera, de Acción Ciudadana (PAC), de alcanzar el 40% de los votos válidos emitidos dejó el resultado en suspenso.
Ellos son los aspirantes que mayor respaldo electoral obtuvieron tras la jornada de ayer.
El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, dejó claro desde el viernes que las reglas serán las mismas para los tres millones de votantes y para los dos partidos políticos que siguen en la contienda por la Presidencia.
La única diferencia es que para ganar en segunda ronda solo hace falta un voto más.
Una segunda votación no se daba desde el 2002, cuando pasaron a ese proceso Abel Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Rolando Araya , de Liberación Nacional. Ganó el primero.
Un alargue. “Luego del día de las elecciones, los partidos pueden hacer campaña. No existe ningún impedimento legal”, aclaró Sobrado.
El magistrado recalcó que la segunda ronda es una prolongación del proceso, y no uno nuevo.
“Es una continuación; si lo pusiéramos en términos futbolísticos, es un alargue del mismo partido”, dijo Sobrado, cuando ya se sospechaba que el desenlace electoral se extendería hasta abril.
Para este “tiempo extra”, como lo define Sobrado, el TSE presupuestó ¢2.300 millones, aunque la previsión es que se gaste menos, prácticamente la mitad del monto que las autoridades electorales previeron para la etapa que concluyó ayer.
Así las cosas, habrá debate organizado por el TSE y habrá veda publicitaria tres días antes del primer domingo de abril.
Los fiscales, auxiliares y delegados que velarán por el orden y cumplimiento de la ley electoral también serán los mismos que ayer.
El TSE tuvo el apoyo de 109 asesores electorales, 12.908 auxiliares, 188 encargados de centros de votación, 51 funcionarios en juntas receptoras de votos en el extranjero y 891 delegados electorales voluntarios distribuidos en los 81 cantones de las siete provincias.
Además, los gastos en que incurran los partidos en los próximos 63 días podrán ser cobrados al Estado como parte de la deuda política, sin que esto signifique que el Tribunal aumente el presupuesto.
