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Luis Guillermo Solís y José María Villalta darían poder a Procuraduría de la Ética

Actualizado el 21 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

Resoluciones en casos de corrupción serían obligatorios, afirman PAC y FA

Araya lo apoya sin incluirlo en su plan; Guevara y Piza no están de acuerdo

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Luis Guillermo Solís y José María Villalta darían poder a Procuraduría de la Ética

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José María Villalta, Luis Guillermo Solís y Johnny Araya darían más peso a las decisiones de la Procuraduría de la Ética. Otto Guevara y Rodolfo Piza no están de acuerdo con la medida. | ARCHIVO

Si Luis Guillermo Solís, candidato del PAC, o José María Villalta, postulante del Frente Amplio, prometen que de llegar a gobernar le darían más músculo a la Procuraduría de la Ética para que combata los casos de corrupción.

Ambos proponen en sus programas de gobierno impulsar reformas para que las resoluciones de ese órgano sean de acatamiento obligatorio. Hoy son recomendaciones.

Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional dijo estar “de acuerdo” con el objetivo, aunque no está en su plan de gobierno.

Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) creen que esa dependencia debe ser fortalecida, aunque no hacer de sus criterios una orden.

“Si los criterios de la Procuraduría fueran de acatamiento obligatorio, se violaría el debido proceso que siempre he defendido. Las decisiones las debe de tomar un juez, y las sanciones deben ser emitidas por los tribunales”, explicó el socialcristiano.

La Procuraduría de la Ética Pública, adscrita a la Procuraduría General de la República, fue creada en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) para “prevenir, detectar y erradicar la corrupción, así como incrementar la ética y la transparencia en la función pública”.

El compromiso de darle mucho más poder a la Procuraduría de la Ética quedó plasmada en las primeras líneas del resumen de programa de gobierno distribuido por el Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Hacer vinculante para las partes involucrados y toda autoridad pública, los criterios de la Procuraduría de la Ética Pública, fortaleciéndola con los recursos –e independencia– necesarios para el debido cumplimiento de su función”, dice el documento.

“Promoveremos la reforma necesaria para que sus dictámenes sean da acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo”, se estipula en el plan frenteamplista.

La información está consignada en Palabra de Político , herramienta que La Nación puso a disposición para conocer ideas y propuestas de los cinco candidatos con mayor intención de voto.

Casos. Durante este gobierno, la Procuraduria de la Ética emitió dos pronunciamientos sobre temas polémicos, cuyas recomendaciones fueron ignoradas por el Poder Ejecutivo.

Este es el caso de las cartas en las que dos altos funcionarios públicos recomendaron a una firma consultora propiedad de una allegada del Gobierno. El órgano dictaminó que hubo violación a directrices y principios éticos.

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La Procuraduría también halló transgresión de principios éticos por parte de funcionarios en el caso del viaje de la mandataria en un jet privado a Perú.

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