EscucharLos bancos y otras entidades financieras fueron los que más recurrieron a la vía judicial para intentar recuperar dinero adeudado por alguno de los actuales aspirantes a puestos de elección popular de 19 partidos políticos.
De las 205 demandas contra 91 candidatos documentadas por este medio, las entidades financieras tramitaron 108 procesos contra 65 personas.
En colones de hoy, esas operaciones suman más de ¢ 217 millones (70% de los ¢ 312 millones reclamado en las 205 acciones).
Las deudas más comunes se originaron por préstamos y por tarjetas de crédito.
En 57 ocasiones, los demandados fueron condenados a pagar y en otras 29 cancelaron por su propia voluntad o llegaron a un acuerdo extrajudicial.
Entre los cinco partidos con mayor intención de voto, a ocho candidatos de la Unidad Social Cristiana se les conminó a cancelar deudas en nueve oportunidades, por más de ¢4 millones.
En el caso del Partido Movimiento Libertario, a seis de sus actuales candidatos les ordenaron nueve veces a pagar un total de ¢5 millones.
Sin embargo, son cuatro aspirantes del Partido Acción Ciudadana a quienes los juzgados les ordenaron pagar los mayores montos: casi ¢33 millones en seis operaciones. En el PLN, cinco cancelaron más de ¢7 millones y en el Frente Amplio, uno pagó ¢270.000.
Todos los montos son equivalentes a colones de hoy.
Prestamistas. Luego de los bancos, los reclamos más frecuentes son de los prestamistas particulares, que demandaron a 21 aspirantes por deber, entre todos, ¢39 millones.
Al mismo camino judicial apelaron las empresas de electrodomésticos y de automóviles, entre otras, para cobrarle a 21 candidatos una suma total de ¢32 millones.
Además, los atrasos en cuotas obrero patronales llevaron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a demandar a 12 aspirantes en 22 ocasiones distintas.
Se debe considerar que 13 de los 91 candidatos que en total fueron demandados por deudas quedaron debiendo en dos o hasta en cuatro tipos de entidades.
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Deudas prescritas
Operaciones que no pudieron cobrarse:
- En 2006 Fundación Integral Campesina demandó por ¢469.000 a Juan Rafael Marín, primer lugar por Guanacaste del PLN. Marín alegó que la letra de cambio estaba prescrita.
- Ocecor S. A. contra Gerardo Machado Ramírez por c47.000 en libros (2003). El primer lugar por Cartago de Avance Nacional alegó prescripción de factura.
- Banco Popular, por ¢1,1 millones contra Guillermo Arguedas Rivera, lugar 5 del PUSC, San José. La acción se declaró sin lugar porque pasaron 4 años entre el día que Arguedas se convirtió en moroso y su notificación.
- BCR por c92.000 en 1983 contra Gabriel Zamora , candidato a vicepresidente de Avance Nacional. En 1987, Zamora se presentó ante un juez, se dio por notificado y pidió declarar prescrita la deuda.
- El Verdugo, contra Gilbert Ureña por ¢275.000 en 1997. Ureña alegó que el pagaré estaba prescrito. Dijo que siempre canceló lo adeudado.
