EscucharComo “absurda” calificó ayer la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) la decisión de 11 municipalidades de aplicar la “ley seca” o prohibición de vender licor el domingo debido a las elecciones nacionales.
Canatur la emprendió contra las municipalidades que adoptarán la medida.
Según ese gremio, tal disposición perjudica la actividad de sectores como el turístico y el gastronómico, con lo que se priva de servicios a los visitantes extranjeros, quienes no tienen injerencia en el proceso electoral.
Los 11 cantones son Alajuelita, Cartago, Aserrí, Dota, Poás, Corredores, Guácimo, San Ramón, Atenas, Upala y Los Chiles solo aplicarán la medida el domingo.
En un comunicado, la Cámara se quejó de que no se avisara con anticipación, a pesar de los efectos sobre el empresariado turístico.
“Definitivamente, es un irrespeto para empresarios serios, quienes sí planean actividades con suficiente anticipación”, alegó Isabel Vargas, presidenta de Canatur.
Desde el 2009, cada municipalidad tiene la potestad de aplicar o no la veda a la venta de licor pues el Código Electoral vigente le quitó esa responsabilidad al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“El Código Electoral no contiene una disposición de ley seca ni se vela por el efectivo cumplimiento de la orden de no vender licor”, explicó el director del Registro Electoral, Héctor Fernández.
Rubén Pacheco, presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), se unió a la crítica contra los municipios.
“La afectación de las empresas es enorme; parece que somos un país retrógrado, que no sabe la importancia de la actividad turística”, dijo Pacheco.
Por su parte, la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) señaló una “incongruencia jurídica” en la medida.
“Nuestro criterio es que el sistema de los gobiernos locales está ‘empoderado’ con leyes incongruentes, que les permiten ejercer su autonomía municipal, afectando al sector turístico y empresarial de una forma desmedida y desigual”, afirmó Jorge Figueroa, jerarca de Cacore.
Canatur, Cacore y la CCH anunciaron gestiones para suprimir la ley seca de los periodos electorales y la Semana Santa.
