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Sobresueldos en Gobierno Central son el 42% del gasto total de planilla

Incentivos en sector público cuestan tanto como salarios

Actualizado el 14 de marzo de 2014 a las 12:00 am

En 47 entidades se reconocen hasta 68 incentivos sin medir labor de funcionarios

País destina 42% del gasto corriente a salarios; Chile, 19% y Colombia, 15 %

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El costo de los sobresueldos en el sector público ya comenzó a desplazar el de los salarios base, que es la remuneración directamente relacionada con el trabajo realizado por el empleado.

Son incentivos salariales creados, en muchos casos, sin respaldo técnico y pagados indistintamente del rendimiento del empleado. Estos se han convertido en uno de los principales disparadores del gasto público y responsables del déficit.

En el Gobierno Central, estos reconocimientos representan en promedio el 42% de la remuneración total. Por sueldo base se paga otro 42% y 16% por cargas sociales, informó el Ministerio de Hacienda.

No obstante, en algunas entidades los empleados reciben más pago por pluses que por salario.

De acuerdo con el Ministerio de Planificación, en las 47 entidades cobijadas por el Servicio Civil se reconocen hasta 68 pluses para distintos puestos. Como la mayoría de pluses se pagan sobre la base salarial tienen un efecto multiplicador.

En entidades descentralizadas esos incentivos son mayores pues forman parte de las convenciones colectivas .

Los sobresueldos comunes a todos los empleados públicos son anualidades, dedicación exclusiva y carrera profesional.

A estos se une otro grupo grande de pluses creado con fines muy diversos, como igualar salarios con otras instituciones.

Se pagan Este es el caso del incentivo que creó la Defensoría de los Habitantes en el 2005 llamado “de la Defensoría”, el cual se paga a todo el personal y representa un 5,27% del salario total. Su justificación es que existe un plus similar en las otras dos instituciones adscritas al Poder Legislativo.

Los empleados de Recope son de los servidores públicos que reciben más incentivos salariales que la  remuneración básica. Al personal que labora en la refinería de Moín y que  se expone a altas temperaturas o desarrolla trabajos en altura se le reconocen incentivos por peligrosidad.   | ARCHIVO.
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Los empleados de Recope son de los servidores públicos que reciben más incentivos salariales que la remuneración básica. Al personal que labora en la refinería de Moín y que se expone a altas temperaturas o desarrolla trabajos en altura se le reconocen incentivos por peligrosidad. | ARCHIVO.

La Defensoría es una de las instituciones donde los sobresueldos pesan más que el salario.

La planilla mensual de sus 171 empleados suma ¢248,6 millones; ¢104 millones por salarios y ¢144,5 millones por sobresueldos.

En el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sucede algo similar pues sus 1.525 servidores reciben, un incentivo que va del 10% al 30% sobre la base, denominado “de responsabilidad en el ejercicio en la función electoral”.

“Tiene que ver con la especialización de los funcionarios en una materia tan particular como la electoral”, justificó Gustavo Román, vocero del TSE.

El Poder Judicial otorga a su personal un plus escalonado por el desempeño de esa función.

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Dicho sobresueldo fue creado para “incentivar la eficiencia, calidad y productividad” de los funcionarios, pero debía estar ligado a evaluaciones de desempeño.

A pesar de ese requisito, la Contraloría General de la República advirtió en el 2009 de que el 76% de entidades no realiza adecuada y oportunamente las evaluaciones de desempeño.

“Los incentivos tienen sentido si son racionales, pero si se desnaturalizan y se convierten en algo automático se viene el problema que tenemos hoy” dijo, Roberto Gallardo, ministro de Planificación.

Un estudio de ese Ministerio señala falta de evidencia de que haya una correlación entre las necesidades institucionales y la cantidad de empleados que reciben disponibilidad, discrecionalidad o zonaje.

“Tampoco hay evidencia de que esos beneficios sean de carácter temporal y no permanente”, dice Planificación.

Para José Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil, los pluses se convirtieron en un instrumento para los sindicatos que los preferían antes que un alza salarial.

Marvin Rodríguez, secretario general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, defendió que si no se hacen aumentos a la base deben acudir a los pluses.

Fuerte empleador. El Estado emplea a 207.790 personas, de ellos 120.767 son del Gobierno Central.

A enero anterior, las remuneraciones representaron ¢1,8 billones (acumulado de 12 meses). Este es un factor determinante en el creciente déficit fiscal estimado en 6% del producto interno bruto (PIB).

El personal consume el 42% del gasto corriente, un nivel bastante alto si se compara con países como Chile y Uruguay donde ese rubro es del 19% del gasto público, o Colombia donde consume el 15%.

Si se coteja con las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), foro al que el país pretende ingresar, el gasto en la nómina tica es cerca de 70% mayor al promedio de esos estados (21%).

“Si no se toman medidas ya, al 2016 este rubro consumirá el 60% de los gastos totales y será insostenible”, sentenció Gallardo.

Otro problema es que por la falta de rectoría y de un marco legal unificado hay grandes desigualdades entre empleados que hacen lo mismo, en distintas entidades.

Así, mientras un conserje del Régimen de Servicio Civil tiene un salario base de ¢236.700, por esa labor un empleado del Poder Judicial gana ¢375.400. Las disparidades oscilan entre 225% y 614%.

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Si se incluyen los incentivos, las diferencias salariales se amplían entre 349% y 978%.

Por anualidades, un gerente de área en un ente recibe ¢112.090, y en otro hasta ¢1.096.047.

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Mercedes Agüero R.

maguero@nacion.com

Periodista

Periodista con más de 15 años de experiencia en prensa escrita. Desde junio del 2014 forma parte de la Unidad de Inteligencia de Datos de Grupo Nación donde genera contenidos periodísticos a partir del análisis de datos e investigación. Es graduada de la ...

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