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Contraloría castigó a otros tres postulantes

Actualizado el 22 de enero de 2014 a las 12:00 am

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Contraloría castigó a otros tres postulantes

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Tres candidatos al Congreso fueron sancionados por la Contraloría General de la República por faltas en la función pública.

Dos comparten nombre y partido, los socialcristianos Gerardo Vargas, primer lugar por Puntarenas y Gerardo Granados, tercero en la papeleta de Cartago.

El otro es Mauricio Alvarado, primero en la lista puntarenense del Partido Avance Nacional.

En el 2005, la Contraloría declaró a Alvarado, entonces alcalde de Golfito, responsable del otorgamiento ilegal de permisos de uso en el área restringida de la zona marítimo terrestre de Golfito.

La Contraloría recomendó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cancelar las credenciales de alcalde a Alvarado. El funcionario apeló la resolución, sin éxito.

La Nación intentó ayer hablar con Alvarado sobre este caso, pero no fue posible contactarlo a los números de teléfono que registra.

Gerardo Vargas fue sancionado en el 2007, a raíz de un caso en la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Él y otros directivos fueron señalados por contratar a notarios de forma directa, sin licitación pública y sin permiso del ente contralor.

Inicialmente, lo castigaron con el despido y le prohibieron ocupar cargos públicos por dos años.

Él apeló y su sanción se modificó a una suspensión de 15 días.

“Actuamos bien. La Contraloría perdió años y al final, por no dar el brazo a torcer, sancionó por 15 días. Me parece ridículo y un desperdicio de recursos públicos. Todo se hizo legalmente. En sede penal perdieron el caso”, dijo Vargas

El otro sancionado es Gerardo Granados, exalcalde de Oreamuno, Cartago. Le impusieron dos sanciones de despido por dos casos distintos, en el 2006 y el 2007.

Lo castigaron por prestar un terreno municipal sin permiso de la Contraloría y por contratar, de manera ilegal, servicios para el relleno sanitario de Oreamuno.

Granados afirmó que la Contraloría no tenía potestad de destituirlo, según lo estableció el TSE en una resolución. También dijo que presentó demandas y querellas contra las personas que “dañaron” su honor con las denuncias.

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