La ministra de Educación, Sonia Mora, emitió una directriz que ordena a todos los funcionarios de esa cartera a marcar tarjeta, para fiscalizar que cumplan con el horario laboral.
La instrucción regirá a partir del próximo lunes 2 de febrero y es para que los jefes de cada departamento la hagan efectiva, sin excepción alguna.
A julio del 2014, había 92 funcionarios que estaban eximidos del registro de marca, en las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública (MEP), en San José.
De ellos, la mitad forma parte de la Dirección de Vida Estudiantil (22 funcionarios), del despacho del Viceministerio Administrativo (16 empleados) y otros 10 de la Auditoría Interna.
Así lo detalló la exviceministra, Rocío Solís, mediante un oficio dirigido a la ministra Mora.
“Dentro de las potestades de la administración se encuentra girar instrucciones y directrices en procura de la eficiencia y efectividad de los servicios públicos”, afirmó la ministra Mora.
Según la Ley General de la Administración Pública, el jerarca tiene la facultad de imponer, modificar o eximir al personal de los instrumentos o medios de control de asistencia al trabajo, sin que ello signifique transgresión a los derechos del funcionario.
El Departamento de Recursos Humanos informó de que MEP tiene 75.000 funcionarios.
“Solo quedarán excluidos de la directriz, los viceministros, directores de departamento de las oficinas centrales y los directores de educación regional, por las labores que desempeñan”, señala el documento que firmó la ministra Mora, el pasado 16 de enero.
Horas extra. En mayo del 2014, la jerarca ordenó que ningún profesional de confianza de su despacho reciba pago de horas extra.
El pago de las horas adicionales se hará solo a aquellos funcionarios cuya labor extra se justifique para cumplir con el deber , como por ejemplo a los choferes, quienes transportan el material para las pruebas de bachillerato.
“Estará supeditado al reporte electrónico de marca y si el funcionario no puede hacerlo, se le pedirá la justificación al superior inmediato”, agregó Mora.
Según la ministra, mientras la administración 2010-2014 pagó, en su último año , un promedio de ¢8.900 millones en horas extra para el personal de sus despachos, el nuevo gobierno canceló ¢2.300 millones, en seis meses.
“Las diferencias son significativas. Subrayo que solos los funcionarios del régimen de Servicio Civil destacados en los despachos pueden cobrar horas extra, mientras que ningún profesional de confianza puede hacerlo”, explicó Mora.
La Auditoría Interna del Ministerio de Educación tiene pendiente un informe sobre los supuestos pagos irregulares de horas extras que realizó la administración anterior, en la que empleados registraban más de 20 horas extra, laboradas por día.