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MEP supervisaría entrega de becas

Gobierno impulsa plan para controlar a Fonabe

Actualizado el 01 de agosto de 2014 a las 12:00 am

Ejecutivo coloca proyecto de ley como prioridad en agenda de los diputados

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El Fondo Nacional de Becas (Fonabe) opera con fallas desde el 2003; tiene una subejecución de recursos superior a ¢16.000 millones | JULIANA BARQUERO

Los reiterados errores del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) en la ejecución de beneficios económicos para estudiantes pobres, motivaron al Ejecutivo a redactar un proyecto de ley, con carácter de urgencia, para reformar esa institución.

La nueva normativa vendría a quitar la máxima desconcentración del Fonabe; es decir, el Ejecutivo y el Ministerio de Educación Pública (MEP) en particular, tendrían la potestad de intervenir los procesos de gestión y toma de decisiones, atención y otorgamiento de becas, control administrativo y rendición de cuentas del Fondo.

A la fecha, solo la Junta Directiva del Fonabe tiene la capacidad jurídica para tomar decisiones y nadie puede sancionar sus fallas.

“El Ejecutivo coloca en agenda de prioridad de los diputados este proyecto que propone varios cambios a la ley de creación del Fonabe. Se le daría desconcentración mínima y el objetivo principal es que los recursos lleguen de forma expedita y oportuna”, dijo Mario Alfaro, vocero del MEP.

La reforma legal se tramitará bajo el expediente número 19.244 y fue redactada por los ministerios de Educación Pública (MEP), Desarrollo Humano e Inclusión Social, en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

La reforma plantea cambios en la integración de la Junta Directiva del Fondo, al incorporar a un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a otro del Ministerio de Hacienda que fungirá como tesorero.

La Junta Directiva del Fonabe también devengará dietas por su asistencia a las sesiones y se tendrá que ajustar a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

“El Gobierno también conformará, junto con Fonabe, una comisión de alto nivel, con el objetivo de que, en un plazo de dos meses, se den recomendaciones para agilizar las tareas del Fondo”, dijo Carlos Alvarado, ministro de Desarrollo Humano.

En contra. El primer diputado en oponerse al texto del Ejecutivo fue el legislador Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, quien señala que los cambios no solucionan los persistentes problemas de la institución.

“No se fortalecen los controles ni se da garantía de una correcta asignación de los recursos, y mantiene el Fondo como un órgano de desconcentración mínima, cuando esa institución debería desaparecer”, dijo el diputado Redondo.

El Gobierno pidió a los congresistas que se discuta la reforma a la normativa vigente en el periodo de sesiones extraordinarias, en agosto, como una de las prioridades de la agenda social.

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