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en carta urge fortalecer fiscalización

Defensoría insiste al MEP en vigilar centros educativos privados

Actualizado el 24 de enero de 2015 a las 12:00 am

Ministra citó a la defensora la próxima semana para atender la solicitud

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Defensoría insiste al MEP en vigilar centros educativos privados

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La Defensoría de los Habitantes insistió al Ministerio de Educación Pública (MEP) en que debe mejorar la supervisión de los centros educativos privados.

Según el ente defensor, existe un vacío legal que limita la vigilancia adecuada que debe hacer el Ministerio.

La Defensoría considera que aspectos como contenido curricular, entrega de notas, certificados y retención de documentos así como investigaciones llevadas a cabo por los centros educativos privados ante denuncias, no han sido atendidos de la mejor manera.

La defensora de los habitantes, Monserrat Solano Carboni, envió una carta a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, donde la insta a fortalecer la fiscalización y, para ello, le solicita que impulse una modificación al Decreto Ejecutivo N.° 24017.

En el Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con una oficina que regula  los centros educativos  privados.  | JONATHAN JIMÉNEZ.
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En el Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con una oficina que regula los centros educativos privados. | JONATHAN JIMÉNEZ.

Solano manifestó, en la misiva, que el Departamento de Centros Docentes Privados del MEP tiene como fin verificar que dichas empresas cumplan con los requisitos de acreditación.

Agregó que, no obstante, esas facultades “son limitadas y su incidencia en el cumplimiento efectivo de la educación también se torna limitado”.

La ministra de Educación, por medio de la oficina de prensa, comunicó que ya tenían en su poder el documento enviado por la Defensoría; no obstante, no se referiría al asunto porque no han estudiado el contenido y porque se pactó una reunión con la defensora para para el martes.

Solano recordó también que la obligación de los centros educativos privados es informar al Ministerio de los cambios que ejecuten en su oferta educativa y curricular, así como a los estudiantes y a sus padres.

“Desde 1992, existe el vacío legal, y tenemos que considerar que los titulares de esos derechos son los niños. El Estado debe velar por ellos”, dijo Solano.

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