Las escuelas y colegios privados del país no cuentan con la debida fiscalización del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre las garantías mínimas de contenido curricular, entrega de notas, certificados o retención de documentos y los procesos de investigación, señaló la Defensoría de los Habitantes.
Según la defensora Monserrat Solano, se pueden fortalecer algunas competencias de fiscalización mediante la modificación al decreto ejecutivo que norma la inspección de los centros privados.
Además según indicó el ente defensor, en anteriores informes anuales de labores se determinó que las denuncias presentadas ante el MEP no tienen suficiente impacto, después de realizar la debida inspección, por la forma limitada en la que se interpretan las competencias normativas, y señaló que tampoco se hace una lectura integral desde la perspectiva de los derechos de los niños y adolescentes en el país.
"Este deber de inspección, que se ejerce dentro de la estructura del Ministerio de Educación, el Departamento de Centros Docentes Privados, tiene como fin verificar que estos centros educativos cumplan con los requisitos de acreditación para el funcionamiento de los mismos, y aspectos relativos al efectivo cumplimiento del Reglamento sobre Centros Docentes Privados, pero estas facultades son limitadas, y su incidencia en el cumplimiento efectivo de la educación también se torna limitado", asefuró Solano.
En una carta enviada al MEP, la defensoría instó a fortalecer las debilidades mencionadas e indicó que la calidad se refiere a la obligación del centro privado de informar al MEP sobre los cambios sustanciales que se produzcan en su oferta educativa y curricular.
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Se ha especializado en temas de género. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.
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