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Para recibir subsidio alumnos deben dar tutorías y apoyar tareas de limpieza

Centro educativo privado exige trabajo a estudiantes becados

Actualizado el 15 de febrero de 2014 a las 12:00 am

Directora asegura que padres acordaron labores en contrato como ‘retribución’

MEP cuestiona condicionamiento del beneficio y pide la intervención del PANI

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Centro educativo privado exige trabajo a estudiantes becados

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Un centro educativo privado, en Heredia, les exige a los alumnos trabajar en sus instalaciones como requisito para mantener una beca.

Se trata del Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra de Vida, en San Antonio de Belén, Heredia, el cual subsidia a unos 50 alumnos de los 305 estudiantes de la institución.

El Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra de Vida imparte lecciones desde prekínder hasta undécimo año de secundaria. El costo de la mensualidad va de los ¢170.000 hasta  ¢270.000, según el nivel. Las becas cubren del 30% de los costos en  adelante. | ALEXÁNDER CARAVACA
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El Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra de Vida imparte lecciones desde prekínder hasta undécimo año de secundaria. El costo de la mensualidad va de los ¢170.000 hasta ¢270.000, según el nivel. Las becas cubren del 30% de los costos en adelante. | ALEXÁNDER CARAVACA

Según denunciaron familiares de dos estudiantes, quienes solicitaron el anonimato para evitar perjuicio para los niños, a partir de cuarto grado todos los becados están en la obligación de dedicar diez horas mensuales al centro educativo fuera de la jornada de clase.

En esas diez horas, deben hacer labores que van desde la limpieza de pupitres y ordenar las aulas, hasta juntar basura y dar tutorías.

“Yo pienso  que está bien hacer trabajos para ayudar al colegio, pero deberían ser todos los  alumnos”, reclamó una de las denunciantes.

“A mi hija le tocaba limpiar pupitres y acomodar hojas. En el caso de los chiquitos que tienen transporte, los papás tienen que ver cómo hacen. Mi hija se sentía mal porque en su sección solo ella tenía que quedarse”, dijo otra denunciante.

La directora del colegio, María del Rosario Ortiz, sostuvo que el requisito es parte de un acuerdo firmado con los padres y que consiste en 30 horas al año por alumno, contrario a lo que dicen algunos padres. Ortiz aclaró que nadie está obligado a aceptar el subsidio.

“Ofrecer becas socioeconómicas es el objetivo del ministerio La Palabra de Vida para que estudiantes de escasos recursos tengan acceso a una excelente educación. Una de las cosas importantes es que el muchacho retribuya a la institución un tiempo haciendo algún trabajo comunal”, dijo Ortiz.

Esta exigencia se suma a la obligación de mantener calificaciones por encima de 80 y una nota de conducta superior a 85.

Reacciones. Para Juan Carlos Pereira, director del despacho del ministro de Educación, Leonardo Garnier, esta práctica incurre en una violación de los derechos de los niños, por cuanto los menores están asumiendo una parte del pago de su educación.

“Los niños no pueden estar haciendo trabajo a cambio de que les exoneren el pago o una parte del pago”, recalcó Pereira, quien advirtió de que podría tratarse de un caso de trabajo infantil.

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El funcionario del MEP cuestionó la motivación detrás de este tipo de condiciones.

La misma opinión la compartió Cristian Carvajal, asesor legal de Garnier: “El trabajo comunal tiene una connotación diferente. No es un servicio doméstico, sino algo relacionado con la proyección académica y el interés comunal. Además, tenemos cero tolerancia al trabajo en menores de 15 años”.

Marielos Chinchilla, jefa de la Oficina de Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo, asegura que las labores que ejercen estos menores no calzan como trabajo infantil, pese a que hay menores de 15 años realizándolas.

Tanto Chinchilla como Fernando Ching, abogado y asesor de la presidencia ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), cuestionaron condicionar la beca a un trabajo.

Para ambos, el Ministerio de Educación debería regular las condiciones de las becas en centros privados, cosa que no ocurre.

Pereira cree que al estar de por medio los derechos de los menores, el caso amerita intervención del PANI. Por esta razón, el director del despacho del ministro de Educación, elevó el caso a la presidencia del PANI y al Departamento de Centros Privados del MEP.

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