El año que concluye no ha sido alentador. Por el contrario, el país ha conocido un clima de creciente deterioro económico, político y social. La incertidumbre y el pesimismo campean entre los costarricenses.
Pero un año no es un período aislado; transcurre como parte del desarrollo histórico de una sociedad que, como la costarricense, conoce actualmente profundas transformaciones.
Justamente, el año 1995 se enmarca en la transición, iniciada hace más de una década, de un modelo de desarrollo a otro. En los años 80 se tomaron medidas tendientes a sustituir el viejo esquema centrado en el intervencionismo estatal y en la producción industrial excesivamente protegida, por un nuevo esquema basado en la reforma y la restricción del papel protagónico del Estado, en el impulso a las exportaciones no tradicionales y en la apertura progresiva al mercado mundial. La banca privada debía jugar, y ha jugado, un importante papel en este nuevo proyecto.
Durante este año se observa un tirante pulso, por un lado, entre el viejo modelo estatista y su forma de resolver los problemas y, por el otro, las nuevas opciones de desarrollo liberalizantes.
El gobierno, director de orquesta y encargado de que se logre un sonido armónico, se mueve torpemente entre lo viejo y lo nuevo, creando un sonido disonante. En algunas acciones y decisiones, se inclina por formas tradicionales de enfrentar la situación: así, por ejemplo, en el caso del déficit fiscal opta por más impuestos, frente a otras maneras de aumentar sus ingresos como el recorte de gastos y la venta de empresas del Estado.
A su vez establece un impuesto del 8 por ciento a las importaciones, con lo cual contradice el supuesto espíritu de apertura. Sostiene una postura poco clara frente a las privatizaciones, ya que tras distintas tomas de posición, ahora desiste, temporalmente al menos, a llevarlas adelante.
Esto no significa que el tema salga de la agenda política, sino que se pospone sin previa evaluación de las instituciones que fundamente la decisión, cualquiera que sea. Propicia, por otro lado, la movilidad laboral, sin darle sustento económico ágil y golpea duramente al Magisterio Nacional con la reforma a la ley de pensiones, pero sigue subsidiando a otros sectores sociales.
El nuevo modelo de desarrollo se fortalece sobre todo con las reformas financieras que contemplan tanto el rompimiento del monopolio estatal sobre las cuentas corrientes como el acceso de los bancos privados al redescuento. Estas medidas afianzan a la banca privada. La aprobación del proyecto de ley de las garantías económicas, que regula constitucionalmente el gasto público, está en suspenso. .
Descentralizar, con hechos
El viejo modelo intervencionista iba aparejado de una fuerte centralización de decisiones en el Ejecutivo. Si bien es cierto que el tema de la descentralización parece a veces más discurso que realidad, se ha producido un avance significativo en este campo con el traslado del cobro del impuesto territorial a las municipalidades. Este hecho es políticamente relevante, puesto que por ahí podrían revitalizarse esas instancias políticas intermedias y posibilitar, en el futuro, una participación más directa de los ciudadanos en decisiones sobre problemas que les competen de manera inmediata.
La política económica de1995 ha estado marcada por la solución del déficit por la vía de los tributos y sobresale ahí el aumento del 5 por ciento en el impuesto de ventas. También hubo alzas en los combustibles, en los materiales de construcción y en los bienes importados. El incremento en el costo de la vida trató de compensarse con el establecimiento de una nueva canasta básica y con la exoneración del impuesto de ventas a un conjunto de bienes. Pero esto ha sido insuficiente para compensar una inflación de alrededor del 23 por ciento.
La política salarial tampoco ha actuado como contraparte. Según datos de Mideplan publicados por La Nación (19/12/95, p. 8A), el índice de salarios mínimos reales bajó en el sector privado, lo mismo que el salario promedio real en el sector público.
Las altas tasas de interés del crédito desestimulan la inversión e inciden en la desaceleración productiva y en un aumento del desempleo abierto que, según Mideplan, aumentó en un punto porcentual a lo largo del año, al pasar del 4,2 al 5,2 por ciento.
El ámbito político
Dos hechos dominan la vida política de este año.
Primeramente, la creciente impopularidad del presidente Figueres que ponen de manifiesto diversas encuestas de opinión. En segundo lugar, el acuerdo Figueres-Calderón hecho público a finales de abril, en medio de un tenso ambiente político y social.
Este acuerdo, recibido con sentimientos encontrados por los ciudadanos, no cristalizó en una esperada fórmula de consenso nacional que fijara derroteros al desarrollo nacional futuro. Sirvió, más bien, para que el gobierno acelerara la aprobación de una serie de medidas impopulares, como la reforma a la Ley de pensiones y la Reforma tributaria, obviando el tradicional período de diálogo que ha caracterizado a la vida política costarrricense. El acuerdo feneció con más pena que gloria y con un alto costo político para los dos partidos mayoritarios. Algunos comentaristas ven esto último como un triunfo del Gobierno. Sin embargo, el efecto político mayor fue reforzar en la población el sentimiento de exclusión política que ha ido tomando fuerza a lo largo de los últimos años.
Finaliza el año legislativo con un conflicto, no resuelto, entre dos poderes, originado en el desplante del Ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, ante la sede del Congreso. La Asamblea Legislativa se ve frente a la institucionalidad lesionada por una acción que, al parecer, goza coyunturalmente de cierto apoyo popular, pero que podría tener efectos políticos crónicos a mediano y largo plazo y ahondar el retroceso democrático.
Males cotidianos
La sociedad civil, por su parte, no sólo resiente los embates de la política económica, sino que, además, se encuentra agobiada por la falta de solución a sus problemas cotidianos (salud, basura, calles en mal estado) y sometida a una escalada criminal sin precedentes.
No sorprende entonces que el pesimismo y la incertidumbre sean, en este momento, característicos del sentir de los costarricenses.
El sindicalismo, por su parte, ha tenido cierto repunte en el sector público, con las huelgas en la CCSS, el ICE y JAPDEVA, pero principalmente con la huelga del Magisterio de mitad de año. Sin embargo, la forma poco convincente en que se solucionó este conflicto parece haber dejado grandes resentimientos en un amplio sector de la clase media. Y esto nos lleva a otro tema.
Si bien es cierto que los grupos populares han sido los más golpeados por el costo de la vida, la desaceleración económica y el deterioro de las prestaciones estatales, también la clase media se ha visto conmovida a lo largo del año. La inflación en general y, en concreto, el alza en el impuesto de ventas, los impuestos a los vehículos usados y las altas tasas de interés crediticio golpean duramente a la clase media.
Ciertamente, 1995 ha sido un año de desaliento. Dificultades, inflación, promesas incumplidas, deterioro de la imagen pública del gobierno, pesadillas en el campo de la seguridad.