Don Hugo Pérez entiende bien las dificultades de atender a una persona adulta mayor con pocos recursos. Su hermano Anabelio, de 77 años, es ciego, padece de epilepsia y tiene problemas serios para moverse.
Por su condición de pobreza, el Estado le otorgó el beneficio del Régimen No Contributivo (RNC). Don Hugo es el encargado de invertirla en la cobertura de sus necesidades básicas.
Afortunadamente, cuenta con la ayuda de la Red de Cuido de ancianos, la cual le aporta los pañales para Anabelio. Por pequeña que parezca, Hugo de mucho la agradece, porque de otra forma la situación sería grave.
Él lo pone de la siguiente forma: sin ese apoyo, solo en pañales, cada mes debería invertir unos ¢70.000, y el monto que recibe del RNC es de apenas ¢78.000. Con lo restante, le sería muy difícil comprar ropa, comida y los implementos básicos de aseo.
Ese tipo de congojas las pasan cientos de familias en pobreza que viven con adultos mayores. Es por eso que Ubaldo Carrillo, director de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cree que el fondo del RNC debería crecer.
La urgencia, en su opinión, es mucho mayor al tomar en cuenta que la población de ancianos que habita en el país crece de forma constante.
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2050 los mayores de 65 años representarán un 21% de la población, cuando ahora son aproximadamente un 13%.
Carrillo propone que el aumento se piense no sólo en términos de beneficiar a cada vez más personas, sino también en el monto otorgado, ya que la línea de pobreza que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a mayo, se encontraba en ¢96.000.
“Aunque le demos la pensión, si el adulto mayor no tiene una red de apoyo que le ayude con lo que falta, va a seguir siendo pobre. Como país tenemos que meditar si la pensión debe llegar al menos a la línea de pobreza, o si debe superarla”, argumentó Castillo.
Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), valora como positivo el hecho de que el tema se saque a discusión.
“Siempre y cuando se garantice la sostenibilidad del mismo (el Régimen). Tengo claro que dicho aumento está supeditado a los recursos transferidos por el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) a la Caja, los cuales van en relación con la inflación del país”, apuntó Arias.
Castillo aseguró estar consciente de la complejidad de hacer el planteamiento en el mismo momento en el que el país sostiene una complicada discusión fiscal.
Con los 109.000 jubilados a los que actualmente protege el Régimen, cada ¢1.000 que se aumenten al monto de la pensión implican un desembolso extra de ¢1.300 millones anuales.
Pobreza sin nacionalidad. Otro de los cambios que propone Carrillo, es que el RNC pueda otorgarse a adultos mayores extranjeros con una condición migratoria sea irregular, quienes en este momento están imposibilitados para acceder al beneficio.
“La pobreza entre muchos de ellos es extrema, y usted ve que se están muriendo de hambre. Hay cosas que como sociedad debemos repensar, el RNC tiene que avanzar con las políticas sociales”, manifestó el funcionario.