La demanda planteada por 17 condenados penales contra el Estado de Costa Rica tendrá un nuevo capítulo el 28 de agosto, cuando acudan a la audiencia final del caso que lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La cita será a las 9 a. m. en las instalaciones de la Corte, en Los Yoses, San José. En ese espacio, las partes expondrán sus alegatos finales ante los jueces del tribunal internacional.
Luego de esta audiencia, los jueces entrarán en los siguientes meses en la fase de deliberación y sentencia.
El caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica trata sobre el reclamo de 17 condenados penales por delitos tan diversos como peculado, narcotráfico, delitos sexuales y tentativa de homicidio; quienes exigen que se anulen sus sentencias.
Entre ellos, figuran cinco exdirectivos del fenecido Banco Anglo Costarricense (BAC) quienes en 2001 recibieron sentencias de 15 años de prisión por peculado, así como 10 años de inhabilitación para un cargo público.
Los recurrentes alegan que el Estado violentó su derecho a una revisión integral de la sentencia que los envió a prisión. Su causa cuenta con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En febrero, trascendió que otros 400 condenados acudieron a la Comisión para que también sus casos lleguen a la Corte, en espera de que se anule su sentencia.
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Más de una década
El proceso de los 17 condenados inició en 2004 ante el sistema interamericano de derechos humanos, cuando la CIDH recibió el expediente y le dio trámite. La Comisión elevó el caso ante la Corte IDH, donde ingresó el 28 de noviembre del 2014.
La acusación señala que el Estado incumplió el artículo 8.2 h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior.
De ahí que insisten en que estos 17 casos presentados ante la Corte, presentan los mismos problemas procesales por los cuales en el 2001, la Corte IDH anuló la sentencia en contra del periodista Mauricio Herrera. Aquel fallo, además, obligó al país a crear la segunda instancia en materia penal, que son ahora los tribunales de casación.
En esta nueva demanda, el último encuentro entre las partes ocurrió el 8 de febrero de este año.
La audiencia del 28 de agosto estará presidida por Roberto Caldas, juez brasileño y jerarca del tribunal internacional. También acudirán los jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (mexicano), Eduardo Vio Grossi (chileno), Humberto Antonio Sierra Porto (colombiano), Eugenio Raúl Zaffaroni (argentino) y Patricio Pazmiño Freire (ecuatoriano).
La jueza Elizabeth Odio no participa en el conocimiento ni en la deliberación del caso, por ser costarricense.
El país también espera una resolución de la Corte ante la solicitud de opinión consultiva planteada sobre el Estado, respecto a derechos patrimoniales y de identidad de género de la población LGBTI.