EscucharLa Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció esta tarde el peligro que enfrentan tanto las cuidadoras de los albergues del PANI, como los niños que residen en ellos, producto del ingreso de jóvenes con antecedentes violentos y delictivos.
Según señalaron funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), las 'tías' en muchos centros han tenido que poner denuncias y hasta pedir medidas de protección, tras recibir jóvenes con problemas severos de adicción e historial delictivo, que no están preparados para recibir.
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Dos niños causaron caos y huyeron de albergue El albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Patarrá, Desamparados, quedó destrozado el miércoles luego de que dos niños perdieran el control y decidieran escapar. El PANI no autorizó ayer el ingreso al local. (Mayela López)
Miriam Granados, tía (cuidadora) en el albergue Montecarlo, en Desamparados, aseguró que ella y su compañera de trabajo han tenido que hacer turnos de sueño en las noches para que siempre esté despierta una, y así poder resguardar la seguridad propia y de los demás niños.
"Nuestros albergues están diseñados para chicos con problemas en sus hogares, no este tipo de situación (adicciones, trastornos psiquiátricos severos, etc.). Pedimos que estas poblaciones reciban ese apoyo que merecen como personas menores de edad, pero en otro centro con un perfil especializado y adecuado", exhortó Granados.
Las funcionarias de varios de los 41 albergues del país han enfrentado amenazas contra sus vidas, de incendios, de motines y de ser amordazadas, entre otras cosas.
En años recientes incluso se han registrados varios incidentes en estos centros de atención a menores de edad, incluyendo un incendio en el albergue de Alajuela en marzo anterior.
Celia Solano, presidenta de la seccional de la ANEP en el PANI, hizo un llamado a la presidenta de la República, Laura Chinchilla para que intervenga ante el Ministerio de Hacienda con el fin de que se giren más recursos a la institución en el 2014.
En marzo, la Sala Constitucional le ordenó a Hacienda pagar al PANI los fondos que exige la ley, correspondientes al 7% del impuesto sobre la renta. En los últimos tres años, el Ejecutivo acumula una deuda de ¢120.000 millones, pues le ha girado menos del 1%.
Sin embargo, según confirmó la oficina de prensa del Patronato, pese a que se entregó el proyecto de presupuesto tomando en cuenta esos fondos para el próximo año, aún no han recibido respuesta.
