Personas con discapacidad deben esperar un año más para contar con asistente

Los ayudantes pagados por el Estado empezarían a trabajar más de un año después de lo previsto por la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, según la cual el programa debía iniciar en marzo de este año.

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Ello no ha sido posible debido a que aún no hay personal capacitado para asumir la tarea.

"Creemos que al iniciar el año entrante, ya todo tiene que estar funcionando, con las primeras personas asignadas. Es decir, que en seis meses tenemos que estar funcionando a todo motor", dijo Lizeth Barrantes, directora ejecutiva de Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis).

No obstante, según el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)–entidad a cargo de la capacitación– para ese momento apenas empezaría la formación de los asistentes, pues el plan de estudios del curso estaría listo hasta octubre próximo.

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Gloria Acuña, subgerente técnica del INA, informó de que el 22 de mayo se hizo un taller en el que personas con discapacidad señalaron el perfil y las habilidades que debe tener un asistente personal. Ese insumo ayudaría a estructurar los cursos y a definir los profesores que se requieren.

La funcionaria detalló que la capacitación deberá enfocarse en habilidades blandas, asistencia en tareas cotidianas y servicio doméstico.

Para Carlos Barrantes, activista de los derechos de las personas con discapacidad, lo más importante es que las personas sean mayores de edad con vocación de servicio, que puedan leer y escribir y que posean la capacidad física necesaria para ayudar a la persona con discapacidad a desplazarse, si así lo requiriera.

"Una cosa muy importante de este modelo de vida es que la persona con discapacidad se haga responsable de sus acciones y no sea un sujeto de cuido nada más (...) Hay un derecho de tomar riesgos y un deber de cumplir con sus responsabilidades", aseguró Barrantes.

Más detalles por afinar

También hace falta que se emita un reglamento que especifique lo dispuesto por la ley de Autonomía. En ese documento trabajan actualmente abogados de Conapdis, Casa Presidencial, el Poder Judicial y un representante de la población con discapacidad.

"El reglamento detalla todos los procedimientos para la figura de garante para la igualdad jurídica, detalla la parte de los asistentes, los tipos de asistentes. También tenemos que crear la Unidad de Autonomía Personal en el Conapdis, que ya estamos solicitando las plazas y ordenando todo", dijo el activista.

Él es parte de la Asociación Centro de Vida Independiente Morpho, organización que participa en la redacción de ese documento.

Para Carlos Barrantes, el proceso de implementación del programa de autonomía no avanza con la rapidez ideal, sin embargo, considera más importante que el resultado final sea óptimo y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad.

La jerarca no precisó cuántos recursos se invertirán para ejecutar la ley de autonomía. El programa se financiará con fondos del impuesto sobre los cigarrillos y los licores, la Junta de Protección Social (JPS) y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

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De esta última fuente, para este año se previeron ¢547 millones, según informó en diciembre a este medio Isabel Chamorro, quien en ese momento fungía como directora ejecutiva a.i. de Conapdis.