En 1990 cuatro muchachos entre los 14 y 16 años fueron fichados como pandilleros juveniles que usaban puñales para asaltar; en octubre último cayeron como presuntos responsables de trece asaltos a mano armada y dos homicidios cometidos en menos de dos meses. Mejor que una bola de cristal, la banda denominada Panteras Negras es una realidad que predice tiempos aún más crueles.
Ante tales pronósticos, ninguna institución ofrece una respuesta para evitar que más menores se enrolen en las filas de la delincuencia juvenil o detener el proceso de quienes ya están atrapados.
"Ellos son el resultado de un sistema completamente expulsivo que se inicia en la familia y se prolonga en la escuela, la iglesia y la comunidad. Tras semejante proceso los envían a los centros de menores y la sociedad espera que luego de 15 ó 17 años de violencia y rechazo, salgan rehabilitados", aseguró Guillermo Arroyo, director de Adaptación Social.
Por ejemplo, de cada 100 alumnos que inician el curso lectivo en la educación secundaria, aproximadamente 14 de ellos no lo concluyen en la rama académica diurna, mientras que en la educación nocturna deserta 34 por ciento, según lo demuestran las estadísticas del Ministerio de Educación para 1994.
A criterio de Arroyo, ni este ni otros gobiernos han hecho algo para evitar la multiplicación de delincuentes. No existe un plan preventivo que brinde oportunidades económicas y sociales y les ayude a tomar mejores decisiones pues no se puede olvidar que se trata de adolescentes en condiciones aún más vulnerables.
Arreglos a medias
"El problema es social no policial. No hay que confundir niños abandonados con pandillas juveniles, aunque son candidatos. La principal lucha contra la participación de menores se da con las reformas", aseveró el ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro.
No obstante, hasta ahora, las únicas voces que se han escuchado son las que claman por mayores contingentes policiales en las calles y las "mágicas" reformas a la legislación penal.
Así lo demuestra la encuesta realizada en mayo de 1994, en que la mitad de los costarricenses consultados apoyó un incremento en las penas y 19 por ciento, el aumento del número de policías.
También el Gobierno es de esta creencia. Se propuso la reforma a los artículos 69 y del 374 al 413 para que se imponga la pena de prisión por contravenciones y al artículo 74 del Código Penal para que se aumente la pena para aquellos autores, coautores, cómplices e instigadores que realicen el hecho delictivo con la participación de menores.
Se plantea, además, que el Ministerio Público elabore la acusación y participe en el proceso tutelar en los casos de delitos de acción pública y de acción pública a instancia privada, por medio de cambios al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores.
A criterio de los especialistas, todas estas medidas pretenden curar la enfermedad, sin que se intente prevenirla. Además, responden a una coyuntura y no a un defecto en la estructura social costarricense.
Sin barrotes
Pero mientras unos proponen más castigo y encierro, los que trabajan con menores infractores aseguran que estas medidas no funcionan.
Tanto Jorge Delgado, director del centro para varones Luis Felipe González, como Fanny Vázquez, trabajadora social del Amparo Zeledón --que atiende niñas infractoras o en riesgo social--, están conscientes de que lo único que estas instituciones pueden ofrecer son recursos internos para que puedan ganarse la vida una vez que salgan de allí.
"Se les instrumenta con lectura, matemática básica y algún oficio como un aporte para evitar que el muchacho siga en el mundo de la infracción", expresó González.
También la directora de la sección de Trabajo Social del Juzgado Tutelar de Menores, Matilde González, reconoció que las posibilidades de recuperación son escasas.
"Solo en los casos en que son referidos por primera vez, es decir, que no tienen patología social, es posible hacerlos reflexionar y evitar un segundo tropiezo. Los restantes reinciden hasta 15 veces", aseveró la funcionaria.
Este segundo sector está compuesto por menores abandonados que han trabajado en la calle para subsistir y por aquellos que, aun teniendo casa, desconocen lo que significa una familia.
En este sentido existen otras organizaciones privadas y públicas que trabajan por separado en alguna de las tantas aristas del conflicto, como es el caso de la recuperación de drogadictos, menores abandonados y centros de educación técnica, pero que --según el Director de Adaptación Social-- no se obtienen los resultados deseados.
En cambio, propone la puesta en marcha de un proyecto interinstitucional que tardará unos cinco o seis años en dar resultados. Añadió que cuanto más tarde se ponga en práctica será peor.