EscucharWílliam Flores Flores no lo pensó dos veces y tomó el autobús de Puntarenas a San José. De ahí se dirigió directamente a la Defensoría de los Habitantes, donde denunció la falta de control a los barcos atuneros que matan a los delfines cuando pescan.
El 17 de mayo de 1995 este pescador artesanal puntarenense logró que se abriera un expediente por "la matanza indiscriminada de delfines en las aguas jurisdiccionales del Pacífico de Costa Rica por parte de los barcos extranjeros que entregan atún en las enlatadoras que operan en nuestro país".
Aunque este caso se cerró el 24 de octubre de 1995, Flores aseguró a La Nación que no se cumplen las recomendaciones de la Defensoría y siguen muriendo gran cantidad de delfines en aguas nacionales.
Para proceder con el estudio de la denuncia, la Defensoría solicitó informes sobre el caso al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), a la Dirección de Transporte Marítimo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Comercio Exterior y al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).
Informes reveladores
Las respuestas emitidas por estas entidades señalaron a INCOPESCA como responsable de "controlar la pesca y la caza de especies marinas en las aguas jurisdiccionales...", de acuerdo con lo que estipula la Ley N°ree; 7384, publicada en La Gaceta No. 62, del 29 de marzo de 1994.
Pero ¿se está cumpliendo dicha regulación?
Luis París Chaverri, presidente ejecutivo de INCOPESCA, afirmó que sí: "Nosotros cumplimos la legislación; además, exigimos a los barcos atuneros que estén incritos al programa de protección del delfín de la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), si no, no les damos la licencia de pesca."
Sin embargo, Freddy Pacheco, biólogo de la Universidad Nacional (UNA), aseguró que "este programa no prohibe la caza del delfín sino que trata de disminuir su mortalidad como consecuencia de la pesca del atún. Asimismo, aseguró que, aunque existen alternativas tecnológicas que permitirían la pesca sin dañar a los delfines, no se ponen en práctica".
Dentro de las recomendaciones de la Defensoría está precisamente realizar inspecciones periódicas para verificar el fiel cumplimiento de la ley, destacar inspectores durante todo el proceso de descarga del atún, realizar inspecciones minuciosas del buque y solicitar informes al capitán del barco que certifiquen que se desarrollaron acciones para evitar la muerte de delfines.
Es difícil determinar con precisión cuántos delfines mueren en aguas costarricenses, aseveró el biólogo. Según estimaciones del Servicio Nacional de Pesca Marina de los Estados Unidos, en los últimos 35 años más de seis millones de delfines han perecido por la acción de pescadores de atún en el Pacífico latinoamericano. Una cuota importante le corresponde a nuestro país.
