EscucharEl expresidente ejecutivo de Recope, Litleton Bolton, demandó a la Contraloría General de la República (CGR) por “coadministrar y excederse en sus competencias” al frenar el plan de modernización de la refinería de Moín, que se impulsa en conjunto con China.
La demanda ante el Tribunal Contencioso-Administrativo fue presentada por Bolton el 24 de abril, dos semanas antes de dejar su puesto, el 8 de mayo.
El litigio lo dio a conocer la contralora, Marta Acosta, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, el jueves.
Ayer, Acosta dijo estar “sorprendida” por la actitud de Recope y por la insistencia de su anterior Junta Directiva en desarrollar la ampliación de la refinería de Moín, con un costo de $1.552 millones, financiados por China.
“Estoy sorprendida. Recope ha presentado una gran cantidad de recursos en sede administrativa y este nuevo proceso que plantea le costará al país una gran cantidad de fondos públicos”, afirmó.
Alegato. En la demanda, Bolton sostiene que los dos actos administrativos con los que la CGR paralizó el proyecto, además de exceder las potestades contraloras, tienen defectos porque la entidad carece de conocimientos técnicos de la industria petrolera y del mercado.
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El plan para ampliar la refinería de Moín nació en el 2007, cuando se establecieron relaciones diplomáticas con China. Hace un año, la CGR detectó ‘inconsistencia’ en el informe de factibilidad y ordenó frenarlo. | ARCHIVO
En la petitoria al Tribunal, Litleton Bolton exige que se suspenda el impedimento que dictó la Contraloría para que Recope utilice el estudio de factibilidad del proyecto de refinería que realizó la empresa HQCEC y el de análisis de riesgo y factibilidad financiera que efectuó la empresa WorleyParsons.
Acosta, por su parte, contestó que mantiene en firme la posición vertida en ambos actos y anunció que defenderá sus argumentos ante el Tribunal.
Bolton afirma en la demanda que los actos administrativos que impiden el avance de la refinería tienen “errores de bulto” y “vicios groseros de nulidad”, más “severas inconsistencias” debido precisamente a esa carencia de conocimientos técnicos sobre un negocio que Recope monopoliza aquí.
Si bien Marta Acosta no quiso referirse a esas acusaciones, afirmó que la CGR tiene la potestad de emitir criterio sobre los aspectos financieros de la refinería.
Mientras tanto, dos diputados, Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC), y el libertario Otto Guevara, pidieron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ordenar a la presidenta ejecutiva de Recope, Sara Salazar, retirar la demanda contra la CGR.
