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Contraloría alerta sobre incremento en la seguridad privada y débiles controles estatales

Actualizado el 26 de mayo de 2014 a las 06:58 pm

Ministerio de Seguridad dice que se han cerrado empresas de seguridad privada y se han suspendido permisos a agentes privados

Gerente de servicios públicos de la Contraloría considera que situación es una amenaza para la seguridad pública y nacional

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Un informe realizado por la Contraloría General de la República en materia de seguridad privada revela un incremento en esa actividad en la última década que, a juicio del ente contralor, constituye una amenaza para la seguridad pública y nacional.

A partir de la promulgación de la Ley Reguladora de los Servicios de Seguridad Privados en el año 2003 hasta el año 2013, la actividad de la seguridad privada se incrementó en un 1.319% (976 casos) en lo que se refiere a personas jurídicas y un 3.889% (28.779 casos) en personas físicas.

Según los datos, en la actualidad existen 29.582 personas físicas y 1.233 jurídicas que prestan este tipo de servicio de seguridad.

La Contraloría también advierte que los recursos del Ministerio de Segurida Pública (MSP) no son suficientes para el control de los servicios de seguridad privados.

José Luis Alvarado, gerente se Servicios Públicos de la Contraloría, dice que los recursos destinados al control de la seguridad privada son solo del 0.39% por cada millón gastado por el Estado al contratar esos servicios.

La Contraloría exige al Ministerio de Seguridad destinar más recursos para controlar las personas físicas y jurídicas que brindan seguridad privada.
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La Contraloría exige al Ministerio de Seguridad destinar más recursos para controlar las personas físicas y jurídicas que brindan seguridad privada. (Archivo)

Añade que no se cuenta con sistemas de información y archivo para determinar si se ejecutan procedimientos sancionatorios por infracciones a la ley.

De igual manera, los registros de las personas físicas y jurídicas que prestan los servicios de seguridad privados se encuentran desactualizados, lo que no permite contar en forma oportuna, con información fidedigna para la toma de decisiones.

Asimismo, que no se lleva un control de la presentación de los informes semestrales sobre el personal de seguridad, la ubicación de las instalaciones, el inventario del armamento, las municiones y demás equipo requerido para las labores de seguridad, y el listado de accionistas de las empresas.

Tampoco se tiene un control sobre las autorizaciones vencidas y solo se ejerce un control parcial sobre la cantidad de agentes con que cuenta cada empresa, con el fin de verificar que no sobrepase el número permitido por ley.

La Contraloría también hace la observación sobre el hecho de que no se inspecciona a las personas físicas a fin de verificar el cumplimiento de las labores, los requisitos y demás obligaciones establecidos en dicha ley, entre ellos: el armamento.

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Atención a debilidades

Ante tal panorama, la Contraloría giró disposiciones al ministro de Seguridad Pública y a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados con el fin de que se atiendan las debilidades señaladas.

Elbert González, director de Servicios de Seguridad Privada del MSP, informó -en un comunicado de prensa- que desde esa entidad se han cerrado empresas de seguridad privada mediante la cancelación de licencias y suspensión de permisos a agentes privados.

Añadió que se han enfocado en el área social, pues se realiza con la suspensión de licencias a aquellas empresas que no cumplen con el pago respectivo a la Caja Costarricense del Seguro Social ni con los otros requisitos que exige la ley.

También dijo que velan porque el trabajador en servicios privados de seguridad reciba al menos el salario mínimo y que también cumpla con los recursos necesarios para ejercer su trabajo.

Enfatizó que se está trabajando fuertemente en el tema del control de armas, que engloba la cantidad de armas registradas en cada empresa y las municiones.

En cuanto a los recursos recordó que, de los ¢226.000 millones presupuestados este año para el MSP, unos ¢177.000 millones se asignaron al Programa de Dirección de la Seguridad Ciudadana, rubro del que se asignan los recursos necesarios a la Dirección a su cargo.

Afirmó que muchas de las falencias que señala la Contraloría ya se corrigieron.

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Hugo Solano

hsolano@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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