Unos 300.000 trabajadores del sector privado ganan menos del salario mínimo.
Un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dado a conocer ayer, reveló que el 26,3% de las personas que laboran en empresas privadas (1.156.000 trabajadores) perciben salarios menores a los que les corresponden por ley.
El estudio se hizo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares realizada por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en julio del 2010, partiendo del salario mínimum minimorum por hora, es decir, el más bajo.
En el 2010, ese consistía en ¢863 para los trabajadores no calificados de agricultura y ¢515 para las servidoras domésticas, quienes tienen un salario en efectivo menor que el mínimo más bajo.
El análisis señala que el incumplimiento incluso asciende a un 32,5%, cuando se toman en cuenta los salarios mínimos para cada ocupación.
Además, el irrespeto al sueldo mínimo es más frecuente entre sectores vulnerables de la población como los adolescentes, los adultos mayores y quienes tienen poca educación.
La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, exteriorizó su preocupación por las implicaciones sociales de las cifras.
“No debe olvidarse que el salario mínimum minimorum es el que reciben los trabajadores más humildes. Si, además de eso, no se paga en el monto que dicta la ley, el resultado es una gran dificultad para acceder a la canasta básica alimentaria y otros bienes y servicios primordiales, tales como la educación”, señaló Piszk.
Sin embargo, para la directora ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Shirley Saborío, este problema es consecuencia de la falta de esfuerzos que promuevan la formalización de comercios.
“El Estado debe impulsar políticas públicas para la formalización de las empresas y, en la medida que se ajuste a estos criterios, nos aseguraremos que el pago del salario mínimo se cumpla en mayor medida”, dijo Saborío.
El programa se lanzó en agosto del 2010 e incluyó inspecciones a establecimientos con mayor riesgo de incumplimiento. Entre ellos, se detectó que cerca de un 40% pagaba a sus empleados menos de lo que corresponde.
El 80% de los negocios infractores resolvió el problema para la segunda visita de verificación. De los que no adoptaron medidas correctivas, 238 enfrentan denuncias ante los tribunales. Las multas van de uno a veintitrés salarios (un salario equivale a ¢228.057).