Hace unos nueve meses, Elizabeth (su identidad se reserva por protección) huyó de su país natal para salvar la vida. Ingresó a Costa Rica a solicitar refugio, luego de atravesar cuatro países y cruzar la selva.
Pese a querer reconstruir su vida, hoy continúa con las manos atadas: “Migración no contesta mis llamadas ni me da citas. Lo único que dicen es que van atrasados 2 o 4 meses y cuando una se da cuenta, ya lleva cerca de un año así”, relató Elizabeth.
“No puedo conseguir trabajo, no tengo facilidades legales de ningún tipo, no tengo derechos. Para sobrevivir, tengo que exponerme a la explotación. Es horrible”, agregó.
Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, al menos 650 solicitantes de refugio actualmente permanecen en un limbo legal, a la espera de que se defina su futuro. De esos, 250 tienen casos pendientes de resolver, mientras que 400 esperan que se estudie su apelación.
La directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez, explicó que muchos de los atrasos se deben a la transición hacia la nueva ley migratoria, que rige desde el 10 de marzo del 2010.
La ley descentralizó la resolución de solicitudes al dejar la tarea en manos de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, un órgano colegiado, integrado por un representante del Ministerio de Seguridad, otro del Ministerio de Trabajo y otro de la Cancillería.
Asimismo, la norma implementó el Tribunal Administrativo Migratorio que conoce todas las apelaciones migratorias, incluyendo las de refugio.
No obstante, a la Dirección de Migración aún le corresponde recibir las solicitudes y hacer la evaluación técnica e investigación de cada caso, labor que debe cumplir con apenas tres profesionales.
Además, el Tribunal Administrativo Migratorio recién entró en funcionamiento a mediados de mayo, lo cual implicó que cientos de apelaciones se acumularon sin respuesta durante más de un año.
Estas circunstancias preocupan a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) en el país, pues consideran que los solicitantes quedan en una situación de desprotección durante meses.
“Aquí hay una especie de trampilla porque la ley dice que tienen tres meses para resolver, pero en la práctica sabemos que no se cumple, por lo que las personas quedan atrapadas en esta situación tan difícil”, comentó Vanessa Leandro, asesora legal de Acnur.
“Algunas de los mecanismos que fueron incipientes, ya se van consolidando. La misma Comisión va tomando un ritmo mas célere. Incluso, las colegas priorizan las situaciones más críticas humanitariamente”, aseguró.
“Esperamos que el reglamento para la ley salga en un par de meses y con la ayuda de organismos internacionales como el Acnur, apoyamos la labor técnica”, agregó.
Aunque reconocen las buenas intenciones y el interés de Migración por solucionar el problema, Acnur aún tiene reservas sobre el abordaje de ciertos temas.
“En la última versión que conocemos, las preocupaciones del Acnur persistían en cuanto al no permiso de trabajo para los solicitantes, los costos de la documentación y la palabra 'refugiado' en el carné, que se puede convertir en estigma”, exteriorizó Vanessa Leandro.
El costó del carné ronda los $123 y el trámite obliga a la afiliación con la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que resulta muy difícil para personas perseguidas y aún más para familias completas.