Dos grupos se pelean por defender a firma minera

El juicio contra el proyecto minero Crucitas se inició ayer con una disputa entre organizaciones sociales que intentaban defender a los trabajadores del proyecto aurífero, en Cutris de San Carlos.

Este juicio pretende resolver si hubo ilegalidades en las resoluciones del Estado que permitieron la explotación de oro en Crucitas.

En este proceso, el único organismo acreditado como coadyuvante a favor de Industrias Infinito era el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos S. A.

José Eduardo Vargas Rivera, representante de este grupo, se atribuía la representación de “cientos” de trabajadores indirectos de la mina que podían verse afectados por la desaparición del proyecto.

Sin embargo, también compareció José Manuel Echandi, quien también se apersonó como abogado de la asociación de trabajadores de la mina Crucitas (Asocrucitas).

Esta asociación está constituida por los 47 trabajadores que aún mantienen un contrato directo con la empresa minera.

En esas circunstancias, los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo resolvieron ayer excluir al Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos S. A. porque no tenía un interés directo en el proceso y no había fundamentos para mantenerlo como coadyuvante.

Prueba rechazada. Superado este proceso, se abrió el espacio para que la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), el Frente Norte por la Vida y el ambientalista Jorge Lobo expusieran los alegatos de apertura del juicio.

Como prueba nueva aseguraron que la empresa Industrias Infinito no tiene experiencia en la explotación de oro con cianuro.

También sostuvieron que la firma minera está en una difícil situación económica, y que en esas condiciones no hay garantía de que pueda asumir todo el proyecto.

Al cierre de edición, Juan Carlos Obando, gerente de Industrias Infinito, dijo que estas pruebas fueron rechazadas por el Tribunal, “porque no se fundamentan en temas que se discuten en este proceso”.

Hoy comparecerán los dos primeros testigos de la parte acusadora, que son especialistas en estudios de impacto ambiental (Allan Astorga) y en recurso hídrico (Yamileth Astorga).