Finca La Lydia, en Pital de San carlos, finca a expropiar para va Chilamate-Vuelta de Kooper. Fotografa Chdez
La carretera norteña entre Vuelta de Kooper y Bajos de Chilamate es tan importante para este Gobierno, que hasta la presidenta de la República, Laura Chinchilla, aboga para apurar dos expropiaciones pendientes.
El viernes pasado, durante una visita a San Carlos, la mandataria se reunió con Rodolfo Barrantes, uno de los finqueros que tiene frenada la construcción de la vía, cuya obra debió empezar el mes pasado.
“(La presidenta) le pidió consideración (a Barrantes), en el sentido de que la obra es muy importante y demás. Pero el señor lo que quiere es que se considere su situación. Entonces estamos trabajando en eso”, confirmó el ministro interino de Obras Públicas y Transportes, Rodrigo Rivera.
El encuentro se realizó en la finca conocida como La Josefina (propiedad de Barrantes), en Pital de San Carlos. También participaron el ministro Rivera; Alejandro Molina, director de Obras Públicas, y Rodrigo Alberto Carazo, abogado del empresario.
Barrantes, presidente de la empresa Agrícola Industrial La Lydia S. A., en Pital, fue quien presentó un reclamo ante el Tribunal de Apelaciones del Tribunal Contencioso-Administrativo, en San José.
El finquero alegó que no se le notificó “con el debido tiempo” el trámite de entrada en posesión por parte del Estado, de la porción de la finca que será expropiada.
Así lo detalló este lunes el procurador de Derecho Público, Bernardo Lara.
Mientras el Tribunal de Apelaciones no resuelva el reclamo, no se puede dar orden de inicio a la construcción de la vía de 27 kilómetros, que va de San Carlos a Sarapiquí, explicó el procurador.
Además del caso de Barrantes, hay otra queja judicial por parte de la firma Collin Street Bakery Inc., en representación de la finca piñera Corsicana, en Sarapiquí, por un desacuerdo en el monto de la expropiación.
Diferencias. A Rodolfo Barrantes, el Estado le ofreció ¢612 millones por 25 de las 1.800 hectáreas de la finca, monto que no fue aceptado, explicó el jerarca del M OPT.
En estas 25 hectáreas (que representan el 1,38% de la finca) se pretenden construir 6 kilómetros de la carretera.
Rivera lamentó que esta situación afectará el avance de una obra prioritaria para el desarrollo y la “competitividad” de la zona norte. Este proyecto tiene un costo de $52 millones.
Además, sostuvo que existe un “riesgo razonable” de que la constructora Sánchez Carvajal presente reclamos contra el MOPT, por el atraso en la construcción.
A finales de agosto, Molina aseguró que la construcción se iniciaría a inicios de setiembre.
Este lunes, el abogado de Barrantes dijo que no daría declaraciones a La Nación porque su cliente no está interesado en dirimir este asunto en la prensa.
Poco antes de esa declaración, Carazo hizo una breve explicación por correo electrónico: “En relación a su solicitud para conversar el día de hoy, don Rodolfo Barrantes, propietario de la finca La Josefina, me indica que lo único a manifestar es que se está a la espera de que el Estado entre en posesión de los sectores expropiados para la construcción de la carretera”.
Entre tanto, no fue posible obtener respuesta de Dennis Gaughen, de Corsicana, pese a que se dejó mensaje en su oficina.
Lo que sigue. La audiencia para resolver el reclamo del finquero está prevista para noviembre próximo, precisó el procurador Lara.
Para entonces, la obra tendría más de dos meses de atraso.
El ministro reconoció que en el avalúo inicial no se consideró un “área enorme de piñas, un cobertizo y un parqueo”, que se verán afectados por la expropiación.
La Procuraduría ya solicitó en el estrado contencioso que se desestime el reclamo de Barrantes, para poder apurar la obra, aseguró Rivera.
Alejandro Molina expresó que ya el Ministerio está en conversaciones con los finqueros, para tratar de llegar a acuerdos.
“Esperamos que se resuelva lo más pronto posible”, agregó.