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Estos vigilantes laboran 24 horas y los siete días, tienen un eje de acción de 360 grados y si detectan algún incidente sospechoso pueden acercarse hasta 200 metros con un solo pestañeo.
Se ubican en parques, bulevares, mercados y en las esquinas más conflictivas. En su mira están los traficantes de drogas y los tachadores de vehículo.
Las cámaras de vigilancia en áreas públicas son la nueva herramienta que seis municipalidades utilizan para combatir el hampa y garantizar la seguridad.
Se trata de los ayuntamientos de San José, Escazú, Cartago, Heredia, Belén y Barva que, en conjunto, cuentan con 136 cámaras electrónicas para vigilar a los delincuentes.
El municipio josefino es el que ha caminado más terreno en materia de seguridad electrónica. Prueba de ello es la inauguración, el martes pasado, de un centro de monitoreo institucional cuya inversión superó los ¢200 millones.
Dicho Gobierno local cuenta con 25 cámaras instaladas, entre otros sitios, en avenida central, avenida 10 y en esquinas “conflictivas” en Barrio Cuba y Cristo Rey. Además, hay otros 32 dispositivos de Seguridad Pública.
De igual forma, cuatro cámaras del Banco Popular, ubicado en la avenida segunda, están conectadas con la red del municipio.
En Cartago, hay 15 “ojos electrónicos” distribuidos desde el cementerio central hasta la basílica de los Ángeles y hay otras 32 ubicadas en el mercado municipal.
La municipalidad de Escazú cuenta con seis cámaras, mientras que en Heredia hay 15 dispositivos en el cantón central, seis en Barva y cinco en Belén .
Cada cámara tiene un costo aproximado de ¢3 millones. A dicha suma hay que agregarle los costos del centro de monitoreo y de la instalación de los equipos.
Marco Segura, alcalde de Escazú, indicó que los dispositivos sí funcionan para disuadir a los hampones de infringir la ley pues, según dijo, al estar al tanto de que sus acciones son grabadas, prefieren abstenerse a cometer un ilícito.
Con él coincidió Johnny Araya, alcalde josefino, quien sostuvo que en los lugares donde están las cámaras (Cristo Rey y Barrio Cuba) bajó el tráfico de drogas, algo común en dichos sectores.
En San José, según reportó el jefe de la Policía Municipal, Marcelo Solano, cada día las cámaras detectan a un delincuente con “las manos en la masa”.
Su homólogo en Heredia, Francisco Rivera, dijo que en ese cantón las detenciones “en al acto”, gracias a los dispositivos electrónicos, ocurren tres veces por semana.
Entre los principales hechos delictivos que captan las imágenes se destacan, además de la venta de droga, tachas de vehículos y robos de billetera o de carteras.
Una vez que el hecho se detecte en el centro de monitoreo, se alerta a los policías más cercanos para que acudan al sitio.
Los videos también se utilizan en investigaciones posteriores. De hecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en varias ocasiones ha solicitado grabaciones hechas por las cámaras municipales.
Por ejemplo, San José quiere pasar de 25 a 70 para el 2010. Para ese mismo período Belén pretende aumentar de cinco a 15 dispositivos.
También se busca establecer alianzas con la empresa privada o con otras entidades públicas, tal y como ya lo hizo el ayuntamiento josefino con el Banco Popular.
Otros ayuntamientos quieren desarrollar el plan de vigilancia, como Santa Bárbara y Santa Ana.
Mientras, los municipios de Montes de Oca y Alajuela pretenden retomar el proyecto, pues, pese a que en el pasado tuvieron un sistema de vigilancia en áreas públicas, debieron suspenderlos debido a problemas técnicos.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tienen planeado instalar 342 cámaras de video en Alajuela, Heredia, San José y Cartago en agosto próximo.
El costo del proyecto es de $9,5 millones y la licitación salió en febrero pasado. La propuesta es, en una segunda etapa, llegar a Limón, Puntarenas y Guanacaste.
