| Familias dejaron sus casas por fisuras

Tras 36 meses, afectados por represa Pirrís esperan arreglo

ICE ofrece terreno e indemnización a 5 familias, pero faltan 3 meses de trámites

Afectados deben pagar entre ¢80.000 y ¢100.000 al mes por alquiler de casa

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      En setiembre del 2011,   Ulises y Ramiro Rojas mostraron  la cochera de la casa de su hermano Johnny, que resultó  dañada tras la entrada en operación de la hidroeléctrica Pirris. Ellos aún piden ayuda. | ABELARDO FONSECA / ARCHIVO
En setiembre del 2011, Ulises y Ramiro Rojas mostraron la cochera de la casa de su hermano Johnny, que resultó dañada tras la entrada en operación de la hidroeléctrica Pirris. Ellos aún piden ayuda. | ABELARDO FONSECA / ARCHIVO ampliar

Treinta y seis meses pasaron ya desde que los vecinos de la hidroeléctrica Pirrís , en la zona de Los Santos, dejaron sus casas debido a fisuras y filtraciones provocadas tras la construcción de la represa por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Los afectados, todos vecinos de la represa, dicen estar ya “cansados” de esperar una respuesta a sus reclamos y a su petición de que sean reubicados en terrenos menos inestables para construir.

Entre las quejas, los lugareños aseguran que dejaron de pagarles el subsidio para alquiler de vivienda y aún no se finiquitan los trámites para adquirir una finca donde instalar sus nuevas casas.

Alberto Ramírez, director de la Unidad Estratégica de Negocios de Producción del ICE, defendió a la entidad diciendo que el subsidio para alquiler de vivienda no es responsabilidad del Instituto.

Alegó que ese apoyo económico era aportado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con una validez de seis meses. “Los propietarios debieron tramitar la renovación con las instituciones respectivas”, sostuvo Ramírez.

El funcionario agregó que el ICE ya negoció una indemnización con cinco familias afectadas, quienes serán reubicadas en una finca en Santa Marta de Tarrazú.

Además de pagar el terreno, el Instituto hizo un avalúo de las viviendas declaradas inhabitables y ese dinero se les entregará a las familias, para que puedan construir.

No obstante, el proceso de compra de las tierras, la segregación y titulación podría demorar tres meses más, añadió Ramírez.

Ulises Rojas, uno de los afectados, dijo que ya hay acuerdo sobre el lugar donde los van a reubicar y lo que les pagarían por las casas. “Pero estamos a la espera de que se haga realidad la promesa de pago porque nos llevan desde hace tiempo con que ya nos giran el cheque y nada. Nos han mentido mucho”, aseguró el caficultor.

Reclamó que los precios del café, actividad que les da de comer, se ha venido al suelo. Mientras tanto, deben pagar entre ¢80.000 y ¢100.000 de alquiler mensual.

Empero, en las comunidades la lista de supuestos afectados es mayor que la manejada por el ICE.

Según Alberto Ramírez, el resto de los supuestos perjudicados no han presentado ninguna denuncia formal, y el Ministerio de Salud tampoco ha procedido a declarar inhabitables sus viviendas.

Tal afirmación decepcionó a Ana Navarro, quien asegura que las grietas en su casa se amplían. La vecina dijo que el Instituto tiene conocimiento del caso.

“El problema es que el funcionario de la Comisión de Emergencias que nos visitó, lo que nos dijo fue que siguiéramos midiendo todos los días la grieta”, lamentó.

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