Tras 36 meses, afectados por represa Pirrís esperan arreglo

Los afectados, todos vecinos de la represa, dicen estar ya “cansados” de esperar una respuesta a sus reclamos y a su petición de que sean reubicados en terrenos menos inestables para construir.

Entre las quejas, los lugareños aseguran que dejaron de pagarles el subsidio para alquiler de vivienda y aún no se finiquitan los trámites para adquirir una finca donde instalar sus nuevas casas.

Alberto Ramírez, director de la Unidad Estratégica de Negocios de Producción del ICE, defendió a la entidad diciendo que el subsidio para alquiler de vivienda no es responsabilidad del Instituto.

Alegó que ese apoyo económico era aportado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con una validez de seis meses. “Los propietarios debieron tramitar la renovación con las instituciones respectivas”, sostuvo Ramírez.

El funcionario agregó que el ICE ya negoció una indemnización con cinco familias afectadas, quienes serán reubicadas en una finca en Santa Marta de Tarrazú.

Además de pagar el terreno, el Instituto hizo un avalúo de las viviendas declaradas inhabitables y ese dinero se les entregará a las familias, para que puedan construir.

No obstante, el proceso de compra de las tierras, la segregación y titulación podría demorar tres meses más, añadió Ramírez.

Ulises Rojas, uno de los afectados, dijo que ya hay acuerdo sobre el lugar donde los van a reubicar y lo que les pagarían por las casas. “Pero estamos a la espera de que se haga realidad la promesa de pago porque nos llevan desde hace tiempo con que ya nos giran el cheque y nada. Nos han mentido mucho”, aseguró el caficultor.

Reclamó que los precios del café, actividad que les da de comer, se ha venido al suelo. Mientras tanto, deben pagar entre ¢80.000 y ¢100.000 de alquiler mensual.

Empero, en las comunidades la lista de supuestos afectados es mayor que la manejada por el ICE.

Según Alberto Ramírez, el resto de los supuestos perjudicados no han presentado ninguna denuncia formal, y el Ministerio de Salud tampoco ha procedido a declarar inhabitables sus viviendas.

Tal afirmación decepcionó a Ana Navarro, quien asegura que las grietas en su casa se amplían. La vecina dijo que el Instituto tiene conocimiento del caso.

“El problema es que el funcionario de la Comisión de Emergencias que nos visitó, lo que nos dijo fue que siguiéramos midiendo todos los días la grieta”, lamentó.