EscucharLa “vía rápida” que aplica la Aresep para fijar las tarifas de los servicios públicos margina la participación de los usuarios.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) cada día opta más por sistemas de fijación de precios extraordinarios en los que solo se analizan algunos de los costos de las empresas y en los que la gente tiene poco espacio para hacerse sentir.
Con este sistema, los ciudadanos solo pueden opinar de las propuestas por escrito y con un plazo limitado, de una a dos semanas.
Dicho mecanismo se usa para fijar tarifas de buses de 675 rutas del país y 12.000 taxis, dos veces al año. En combustibles se usa una vez al mes y se aplicará en electricidad, cada tres meses.
Para Ana Karina Zeledón, directora de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes, “con esto no solo se pierde la dinámica de la participación ciudadana, sino también la rendición de cuentas de la Aresep”.
En su criterio, si Aresep quiere hacer modelos automáticos extraordinarios para todo servicio y someterlo a consulta pública como ya lo hizo con taxis, combustibles y buses, la audiencia pública quedará en el papel.
La Aresep, además, ha creado modelos de cálculo automático que usa para estas fijaciones.
Esos modelos se alimentan con una serie de indicadores como la inflación, el tipo de cambio y los precios de los hidrocarburos.
Cuando esas variables cumplen ciertas condiciones la fórmula de cálculo se activa y se hace el alza o reducción de precios.
En el caso de combustibles, el mecanismo se hace los segundos viernes de cada mes. Por orden de la Sala IV se abre un espacio de dos semanas para presentar criterio escrito. Pero, por tratarse de fórmulas matemáticas alimentadas por indicadores, es casi imposible influir en el resultado.
En dos años, Aresep aprobó 28 modificaciones en combustibles, de las cuales dos son ordinarias. En 17 se dieron alzas y en 11, bajas.
En cambio, en fijaciones ordinarias, existe un espacio más amplio: 20 días para que la gente opine.
La ley de la Aresep, en el artículo 36, obliga a esa entidad a audiencias públicas para analizar las peticiones de ajuste ordinario. Esa discusión se hace en la sede de la Aresep y se transmite por teleconferencia a otras regiones. La Sala IV ha obligado a celebrar audiencias en lugares cercanos a los posibles afectados por el aumento.
Es una oportunidad que aprovechan los usuarios para referirse a la prestación de los servicios.
El regulador general, Dennis Meléndez, defendió la utilización de los ajustes extraordinarios pues es un mandato de ley. Además, porque deben garantizarles la sostenibilidad financiera a los prestatarios de los servicios públicos.
No se les exigió la revisión técnica, estar al día con las obligaciones obrero patronales y los seguros.
Al exregulador Leonel Fonseca más bien le preocupa que la Aresep, al inclinarse por modelos automáticos, excluya el análisis de los gastos operativos, utilidades, eficiencia e inversiones de las empresas.
Citó que en el 2008 Recope acumuló utilidades por más de ¢80.000 millones debido al elevado margen de rentabilidad (13%) que tenía.
