EscucharLa naturaleza del trabajo que realiza Jorge Obando Sancho como director de la consultoría de Indra para el Poder Judicial varía según sea quien lo intente explicar.
“En realidad, lo mío es una dirección bastante simbólica. Es una especie de asesoría externa, sobre cómo evitar el terreno minado”, opinó el propio Obando.
Sonia Navarro, directora de la unidad ejecutora del proyecto, lo califica distinto: “Él es el director local, coordinador del equipo local, eso es lo que yo entiendo”.
“Nosotros directamente con él no trabajamos, yo nunca lo he visto aquí. Don Emili Puñet es el que que funge como director”, expresó Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública.
Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que Obando le pidió en una ocasión atender a Emili Puñet y conversar con él sobre los atrasos en los que incurrió Indra.
Sin embargo, Mora aseguró que desconocía de la presencia de Obando en el proyecto. “A mí nadie me informó que don Jorge fuera parte del grupo de trabajo. Yo no lo he contratado a él”, manifestó.
No sabía La presidenta de la Sala IV, Ana Virginia Calzada, también dijo que se enteró “recientemente” sobre la labor de su esposo en la consultoría que el Poder Judicial contrató con Indra en el 2008.
“Mi esposo hace consultorías con diferentes instituciones y no estoy al tanto de qué son”, agregó.
El fiscal Francisco Dall’Anese, jefe del Ministerio Público, entidad beneficiada con el servicio de Indra, dijo por medio de su vocera, Carolina Rodríguez, que no se referiría a este tema por “un acuerdo de confidencialidad que le restringe”.
Niegan conflicto. Jorge Obando, abogado de profesión, aseguró a La Nación que él no participó en el proceso de renegociación del contrato entre el Poder Judicial e Indra.
Sostuvo que él no tiene que ver con los detalles técnicos de la consultoría e insistió en que su relación con Ana Virginia Calzada no le genera un conflicto de intereses.
“El contrato es con el Ministerio Público y la Defensa Pública, no tiene nada que ver con los tribunales y menos con la Sala IV”, arguyó.
Calzada opinó de forma similar: “Le puedo asegurar que no tengo nada que ver con esa contratación. Ese asunto ni siquiera pasa por Corte Plena”, indicó la jurista.
Según Obando, el tema de una posible incompatibilidad en este caso fue analizado por el Poder Judicial, la empresa y la unidad ejecutora. “Sonia (Navarro) le puede dar más clara la información”, afirmó
Sin embargo, al ser consultada, Navarro negó esa versión.
Según la ley de contratación administrativa, las personas que participen, de forma directa o indirecta, en un contratación con el Estado, pese a estar cubiertas por el régimen de prohibiciones, se exponen a una inhabilitación de entre dos y diez años para concursar en licitaciones públicas.
