Tribunal eleva a juicio demanda contra nuevo muelle de Moín

El Tribunal Contencioso Administrativo dio luz verde para elevar a juicio la demanda que pretende anular la concesión de un nuevo muelle portacontenedores en Moín, Limón.

El juez Daniel Aguilar Méndez acogió el reclamo interpuesto por la Cámara Nacional de Bananeros (Canaba), que intenta dejar sin efecto el contrato que el Estado suscribió con la firma holandesa APM Terminals.

Esta compañía invertiría $949 millones en una plataforma marítima para atender grandes barcos portacontenedores. La inauguración de la primera fase está prevista para el 2016.

Los bananeros alegan que la Administración sacó a concurso un cartel que carece de estudios técnicos que ratifiquen la viabilidad del proyecto.

Por ejemplo, que el puerto no cuenta con un estudio de impacto ambiental previo y que tampoco hay análisis financieros que justifiquen las tarifas aprobadas.

Además, aducen que la concesión a APM Terminals obligaría a los productores a pagar tarifas hasta un 130% más caras que las vigentes hoy en los puertos limonenses.

Actualmente, los bananeros utilizan barcos con grúas propias para cargar la fruta. Cuando entre a operar APM Terminals en Moín, tendrían que alquilar las grúas de puerto, o seguir operando en el viejo muelle de Japdeva.

Anoche se intentó obtener el criterio de Rándall Quirós Bustamante, abogado de la Cámara de Bananeros, pero no devolvió la llamada a este medio.

Trámite preferente. El juez Daniel Aguilar estimó que este juicio califica para trámite preferente pues cumple con los supuestos de “urgencia, necesidad y especial trascendencia para el interés público”.

Agrega que el trámite preferente pretende “evitar daños graves a las personas o irreparables a las cosas”.

Lo que no aclara es cuándo asumirá el expediente el Tribunal de Juicio.

La demanda fue interpuesta en marzo pasado por Jorge Osborne Escalante, presidente de la Cámara, en contra del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Contraloría General de la República.

También acusa a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y la compañía APM Terminals.

En el caso específico de la Aresep, los bananeros reclaman que se aprobara una tarifa base de $223 por contenedor, $43 por encima de la tarifa actual de Japdeva ($180).

Reacciones. Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, dijo que ya fueron notificados de la elevación a juicio y que, por tratarse de una entidad autónoma, se defenderán con sus abogados, en lugar de recurrir a la Procuraduría.

De todas maneras, como en este caso se trata de una figura de “administración concedente compleja”, la Procuraduría sí intervendrá, pero a nombre del Estado.

Pese a que la demanda continúa, el Tribunal Contencioso Administrativo no fijó medidas cautelares que suspendan el proceso de concesión.

“Nosotros seguimos con el proyecto, ya le aprobamos los estatutos a APM Terminals y estamos a la espera de que constituyan la sociedad”, agregó Hidalgo.

Paul Gallie, director general de APM Terminals en Costa Rica, también se declaró respetuoso del procedimiento judicial y dijo que asumirán “con rigurosidad y responsabilidad” el debate.

“APM Terminals ha seguido un proceso profesional y transparente para lograr la concesión para el diseño, financiamiento, construcción y operación de la nueva terminal de contenedores en Moín (TCM) y nuestro deseo es seguir adelante y a paso firme, para dotar a Costa Rica de una obra de clase mundial”, agregó Gallie.

El Gobierno impulsa la terminal de contenedores de Moín, pues alega que los viejos puertos de Japdeva ya no están en capacidad de atender barcos de mayor calado.