Para los vecinos de esas comunidades, sin embargo, pareciera que el desastre ocurrió ayer pues aún habitan en ranchos, casas en riesgo de desplomarse o viviendas que les prestaron.
El movimiento de tierra los dejó sin techo y el incumplimiento del Estado ya casi los deja sin esperanza, pues las viviendas que prometieron reponerles siguen enmarañadas entre los expedientes de entidades públicas, a la espera de estudios y decisiones.
De acuerdo con Juan de Dios Rojas, gerente del Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi), el proyecto para 36 familias de Varablanca está a punto de ser aprobado por la junta directiva, aunque no se atrevió a dar fechas.
Luego , según Rojas, pasarán entre seis y ocho meses para que casas estén listas, con planta de tratamiento, aceras y cordón de caño.
Entre tanto, los damnificados de Cartagos son parte de la lista de supuestos beneficiarios de un proyecto para 88 familias que se construirá en Carrizal de Alajuela, el cual ni siquiera está en estudio.
Por ahora, de los cientos de afectados por el terremoto, los únicos que parecieran estar cerca de una solución de vivienda son 83 familias que vivían en el sitio del epicentro, el desaparecido pueblo de Chinchona, en Alajuela.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció para el miércoles el inicio de la construcción de la Nueva Cinchona.
Ella y su familia ocupan una casa dada por la organización Un Techo para mi País, la cual ampliaron, con latas de zinc y madera.
También están a la espera Silvia Mejías, su esposo y tres hijos, que ocupan una casa con piso y paredes agrietadas, que les recuerdan el gran susto por el terremoto que provocó la muerte de 30 personas.
El caso de Róger Mesén y su mamá Carmen Lidia Vindas expone otra difícil realidad.
Ellos quedaron excluidos de la lista de beneficiarios porque sus ingresos superan el límite de ¢250.000 mensuales que establece el Bahnvi. Mesén gana ¢300.000 en una lechería y su mamá, de 83 años, recibe una pensión de ¢72.000 al mes.
Ambos viven en una casa que le prestaron los dueños de la lechería mientras, supuestamente, les llega una ayuda de la CNE.
Vanessa Rosales, presidenta de esa institución, descartó esa posibilidad, pues ellos no califican para el bono, igual que otras 82 familias afectadas por el terremoto.