Técnicos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) dudan de que las modificaciones hechas al contrato de la vía San José- San Ramón estén dentro del marco legal vigente.
De acuerdo con la ley de concesiones, la Administración , o sea el Estado, puede hacer cambios en las características de las obras y los servicios contratados.
Eso sí, “en ningún caso, las modificaciones podrán exceder 25% del monto total de la inversión inicial del concesionario”, según el artículo 48 de la citada norma.
Los técnicos de la Aresep aseguran que la información remitida por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) es insuficiente para determinar si las nuevas inversiones en la vía se enmarcan dentro de los límites establecidos en el artículo 48 de la ley de concesiones.
Así lo dejan ver en un informe que ayer fue calificado de borrador por la Autoridad Reguladora.
El documento viene firmado por seis funcionarios de esa entidad, pero sus observaciones no fueron incorporadas en la resolución final de la Aresep sobre cambios en el esquema tarifario del contrato.
Ante una solicitud del CNC para que se pronunciara sobre el nuevo esquema de tarifas de la concesión, esa entidad desechó las críticas que estaban en el borrador y se declaró incompetente para dar criterio.
Pedro Castro, ministro de Transportes, dijo que no podía referirse a los cambios realizados en el proyecto y si estos superaban el 25% permitido por ley.
Según alegó, cuando los cambios se realizaron él aún no había asumido como jerarca del sector.
Otra de las críticas excluidas del informe final dice que las actualizaciones de los costos de las obras a realizar tampoco se incorporaron al análisis de impactos utilizando el modelo financiero original.
En su lugar, señalan los técnicos, Concesiones usó un nuevo modelo financiero aportado por OAS, la empresa concesionaria.
Respecto a la decisión de excluir los cuestionamientos del informe final, la Aresep reiteró ayer que se trataba de un borrador y que no haría comentarios.
Ante el rechazo del ente regulador, el CNC informó de que ellos mismos asumirán la supervisión de las tarifas de los peajes.
Investigación se avecina. Consultado sobre las observaciones de los técnicos de la Aresep, Luis Guillermo Loría, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, indicó que el tema es más de índole legal.
Por ello, prefirió no dar criterio, aunque sí aseveró que cualquier cambio en las obras incidirá directamente en el precio del proyecto, que hoy cuesta $524 millones.
Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), dijo que parte de las dudas que se ciernen sobre el proyecto tienen que ver con los costos de la carretera.
Tanto Vargas como Loría desmintieron que ya esté constituida una comisión técnica ordenada por el Gobierno para discutir la concesión de la vía a San Ramón.
Según alegaron ambos, no hubo acuerdos sobre los alcances. Eso sí, Olman Vargas dijo que el CFIA, el Lanamme y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) realizarán por cuenta propia un estudio sobre los costos del proyecto.
Detalló que el fin es determinar si el precio actual de la concesión va acorde con la inflación acumulada y el costo de materiales.