Durante un lapso de apenas una década, el registro de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales se duplicó en el país.
Un documento con indicadores sobre las brechas de género, elaborado por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), evidencia que las cifras referentes a ambos temas se dispararon a partir de la mitad de la década de los 90.
Según datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el número de casos que ingresaron a los juzgados de violencia doméstica, por cada 100 hogares, pasó de 1,9 en 1997 a 3,7 en el 2007. El documento también señala que la tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes ascendió de 58 en 1995 a 122 en el 2005.
La publicación, titulada
“La mayoría de las manifestaciones de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, por parte de sus cónyuges o parejas, no se refleja en las estadísticas ya que las mujeres que las denuncian...constituyen un porcentaje menor”, indica el documento.
“La violencia que se ejerce contra las mujeres por su condición de subordinación social se mantiene como un serio problema de salud y de seguridad ciudadana en Costa Rica”, agrega.
“Lo que ha aumentado son las denuncias y con ello la conciencia sobre el nivel de riesgo que puede haber en la violencia intrafamiliar. Por ello, la necesidad de buscar un lugar seguro, como los centros de atención y albergue”, manifestó Clarke en una respuesta escrita a las consultas planteadas por
“Las campañas buscan la prevención pero, a la vez, que las víctimas reconozcan las diferentes formas de violencia y puedan buscar ayuda”, argumentó.
Clarke también aclaró que existen zonas de riesgo en el país que no cuentan con el mismo acceso a la información y a las campañas.
La fiscala adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, Eugenia Salazar, coincidió en que los esfuerzos por proveerle a la población más información respecto de la violencia de género podrían ser elementos que impulsan las denuncias, pero se abstuvo de descartar un aumento en la violencia.
“Creo que hay factores que inciden, como la mayor información que les está llegando a las personas, por ejemplo, a través del sistema educativo y los medios de comunicación.
”Después de campañas, hay picos en las denuncias. Sin embargo, hasta donde sé, no se ha hecho ningún estudio que identifique cuáles son las causas del aumento en las cifras”, señaló.
“Una tiene que hacer una revisión del sistema, porque como país hemos tomado acciones legislativas, de políticas públicas y de penalización, y aún así la tasa se incrementa o, al menos, se sostiene. Hay que revisar la calidad de las acciones al interior de las instituciones”, dijo Mora.
En lo que sí hay consenso, es que la respuesta por parte del Estado necesita una mayor integración.
“Tenemos la percepción de que la articulación prevista para la ley de penalización queda en los mandos técnicos y no baja a todas las estructuras”, señaló Mora.
“El abordaje de la violencia debe ser integral...Lastimosamente los recursos económicos y humanos para ejecutar de una forma efectiva la política pública son insuficientes. Esto se traduce en desprotección para las mujeres de este país”, concordó Clarke.