La Sala IV restituyó a la junta gremial de Japdeva porque un grupo de oposición no le permitió el derecho a la defensa a Ronaldo Blear y el resto de sindicalistas de los muelles de Limón y Moín.
Así consta en resolución 2010-014192, cuya sentencia integral fue notificada hasta el viernes anterior a las partes interesadas. El recurso lo había presentado el excongresista José Merino y el diputado José María Villalta.
“El hecho de que la autoridad recurrida procediera en una de las asambleas que celebró a destituir a todos los miembros de la junta directiva, sin previo aviso, sin oportunidad de ejercer su derecho de defensa y sin que se queden suficientemente claras las razones que llevaron a tal decisión, evidentemente constituye una violación al debido proceso, a la libertad sindical y al principio democrático”, destacó el voto de mayoría.
Esta posición la respaldaron los magistrados Ana Virginia Calzada, Gilbert Armijo y Fernando Cruz.
Estos últimos sostuvieron que sí se le otorgó el derecho a la defensa a Blear y su grupo, que fue separado de la junta sindical portuaria desde el 15 de enero del 2010.
Inmediatamente, agregaron los magistrados, la junta sindical ad hoc hizo un traslado de cargos contra Blear (y 14 sindicalistas más) y les dio plazo hasta el 29 de enero siguiente para emitir su descargo.
Sin embargo, ni Blear ni sus compañeros en la junta sindical se apersonaron ese día y quedó en firme la destitución.
Ante un empate en la Sala IV, el magistrado Luis Paulino Mora, que había declarado inadmisible el recurso de amparo, tuvo que resolver por el fondo.
Fue hasta entonces cuando respaldó la posición de Calzada, Armijo y Cruz pues consideró que no se siguió el debido proceso.
El por tanto de este voto fue notificado a finales de agosto del año anterior, con el cual se ordenó la destitución de la junta de oposición constituida por el capitán de remolcador, Douglas Brenes, y 14 integrantes más.
Además, se anularon las resoluciones de los días 15 y 29 de enero, cuando una asamblea de trabajadores portuarios avaló la concesión de los muelles de Limón y Moín a cambio de una indemnización de $137 millones.
El fallo completo se divulgó el viernes, a una semana de nuevas elecciones sindicales en Limón.