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En diciembre de 2009 la Aresep le fijó al AyA una tarifa por servicio de agua potable del 15,2% cuando debió ser de un 18%. Archivo
La Sala Constitucional suspendió un aumento de 13,74% en las tarifas de agua y 11,55% en alcantarillado sanitario autorizado por la Aresep a Acueductos y Alcantarillados (AyA), vigente desde octubre.
El fallo fue emitido este lunes y beneficia a 500.000 clientes de AyA.
Dicha suspensión significa que el recibo bajará de ¢8.248 a ¢7.254 para una familia cuyo consumo mensual alcance 25 metros cúbicos del líquido. Es decir, este cliente se ahorrará ¢994 al mes.
Los magistrados acogieron un recurso de amparo de la Asociación de Consumidores Costarricenses contra dicho ajuste y ordenaron que éste no se aplique hasta tanto no se dicte la resolución final.
La Asociación reclamó que estas tarifas se aprobaron para corregir un error en la fijación de precios del 2009 y no se le dio oportunidad a los usuarios de pronunciarse.
La organización sostiene que la Aresep debía convocar nuevamente a una audiencia pública para permitir que los usuarios se manifestaran con respecto a las nuevas condiciones en las cuales el aumento de AyA se iba a tramitar. “Esta acción de Consumidores de Costa Rica es un verdadero beneficio para los abonados de AyA”, dijo Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó ayer que aún no ha sido notificada, pero que se procederá conforme la Sala lo indique. “Sí nos preocupa que se agrava la situación financiera del AyA”, agregó la vocera de prensa, Carolina Mora.
En setiembre, la Aresep reconoció que su error había impactado las finanzas de AyA que ya acumulaba un déficit de ¢3.626 millones.
Óscar Núñez, presidente ejecutivo de AyA, dijo anoche que aún no conocen la orden de la Sala.
Sin embargo, calificó de preocupante que se le mermen ingresos a la institución que ya se vio obligada a trasladar para el 2011 inversiones programadas para este año.
“Esto afecta la acción operativa de una entidad que debe enfrentar un rezago de $1.486 millones en infraestructura”, manifestó Núñez quien abogó por una pronta y definitiva resolución del Tribunal.
El alza fijada en octubre debía regir hasta diciembre de 2011.
