La Sala Constitucional estudia, al menos 28 recursos de amparo, relacionados con la instalación de torres celulares.
La mayoría de los reclamos van dirigidos contra municipalidades, como San José y Goicoechea, y provienen de vecinos que alegan contaminación visual, daño ambiental o un riesgo para la salud.
Pero también hay algunas quejas en el sentido contrario, principalmente de empresas dedicadas a instalar torres que enfrentaron obstáculos al solicitar permisos para hacer su trabajo.
Los amparos en estudio se suman a otras 27 gestiones resueltas por los magistrados sobre el mismo tema desde principios de año, y de las cuales únicamente una se declaró con lugar.
Los demás amparos fueron rechazadas de plano (seis de ellos), por el fondo (otros nueve) o declaradas sin lugar (los once restantes).
Curiosamente, la única resolución afirmativa fue en beneficio de dos empresas de torres que presentaron el amparo contra la Municipalidad de Palmares.
Las compañías alegaron que el municipio les canceló los permisos de construcción y uso de suelos de las torres de forma arbitraria.
Para desarrollar redes que cumplan con las exigencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), estas firmas necesitarán al menos duplicar las 1.542 torres que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Los principales problemas se han presentado en los gobiernos locales, a los cuales les corresponde reglamentar la colocación de esta infraestructura. Allí persiste el temor de que las torres puedan perjudicar la salud de los habitantes.
Dicha preocupación se mantiene pese a que no hay estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que vinculen las antenas con problemas específicos.
A principios de año, el Ministerio de Salud emitió un decreto que establece el nivel máximo de radiación permitido. Pero los críticos sostienen que el país debió adoptar regulaciones más fuertes.
Wálther Herrera, directivo suplente de la Sutel, opinó que el tema de la salud “ya está resuelto” y dijo que las nuevas redes son indispensables para cumplir con la Ley General de Telecomunicaciones.
“La ley establece el derecho de los costarricenses de escoger entre operadores. Si no hay un despliegue de la red, los costarricenses no pueden ejercer ese derecho”, dijo.
Según Herrera, 10 municipios aún carecen de una normativa vigente.