La Sala Constitucional le ordenó a Aviación Civil que apure dos procesos de expropiación en los alrededores del aeropuerto Juan Santamaría, y que pague lo adeudado a los propietarios.
Los procesos cumplen varios años en trámite y aún no se define el monto que el Estado pagará por ambas propiedades.
En uno de los casos, se trata de una finca de 7.000 metros cuadrados ubicada al este de la terminal aérea, y que se estancó en un proceso administrativo desde el 2007.
El heredero de la finca es un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de apellido Soto, quien era responsable de hacer el avalúo de esa propiedad.
Cuando dicha persona se percató de que la finca era de interés para Aviación Civil, elevó su precio en ¢46 millones, según consta en una investigación realizada por La Nación en el 2008.
Al existir un posible choque de intereses, el MOPT decidió elevar el expediente a la Procuraduría General de la República, para que sea esta última la que tase el valor real de la propiedad.
Hasta que el caso no se resuelva en esa instancia, la entidad no podrá finiquitar la exigencia de Sala IV. Así lo confirmó el pasado viernes la vocera de Aviación Civil, Nayuribe Vargas.
El segundo caso corresponde a una finca al sur de la terminal.
Según Aviación Civil, ya el caso está en trámite de pago en el Departamento Financiero de la entidad. Sin embargo, no precisó el monto que se le pagará a Guido Herrera González, quien recurrió a la Sala IV para apurar la expropiación.
Francisco Jiménez, ministro de Transportes, tampoco tenía detalle sobre cuánto vale esa finca.
Según explicó, el terreno es indispensable para las ampliaciones futuras del aeropuerto.
Entre ellas, la eventual construcción de una calle paralela a la pista, al sur del Juan Santamaría. Esa pista de rodaje serviría para agilizar los despegues en esa terminal aérea.
En ambos casos, los magistrados exigen que Aviación Civil resuelva a la “brevedad posible”.