Una resolución de la Sala Segunda del Poder Judicial permitió que una trabajadora obtuviera una mejora sustancial en el monto de la incapacidad que se le asignó , tras sufrir un accidente laboral en uno de los dos empleos que tenía.
La beneficiaria sufrió un percance en abril del 2005 mientras laboraba para la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Sin embargo, en ese momento también era funcionaria del Instituto Nacional de Seguros (INS).
En un principio, a la trabajadora se le otorgaron unos ¢815.000 por concepto de incapacidad. No obstante los magistrados de la Sala II precisaron que le correspondían más de ¢7 millones.
Lo anterior porque, según los altos jueces, se deben considerar todos los salarios que recibía al momento del accidente y no uno solo.
“Se extrae de la sentencia que aun cuando el infortunio le ocurrió mientras prestaba sus labores para un centro de estudios superiores, eso no significa que las rentas deban ser canceladas solo con la remuneración que de esta entidad devengaba, debiéndose excluir la que percibía por sus labores en el otro órgano público en el tanto en que también resultó incapacitada para prestar sus labores en este otro ente” , señala un comunicado.
La información de la oficina de prensa tiene sustento en la resolución 2013-000093 de la Sala II, la cual trascendió ayer.
La mujer solicitó que a las instituciones demandadas se les condenara a brindarle asistencia médica, quirúrgica y de rehabilitación que su condición de salud requiere.
Por otra parte, los magistrados determinaron que el pago por daños morales no resulta procedente en este tipo de procesos.
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