Un equipo neutral de facilitadores debe vigilar el proceso previo a la consulta indígena sobre el Proyecto Hidroeléctrico Diquís (PHED).
Esa fue la sugerencia hecha ayer al Gobierno por James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien está de visita en el país.
Anaya se reunió con Carlos Roverssi, canciller
La entidad pretende desarrollar el gigantesco proyecto hidroeléctrico, que abarcaría incluso 900 hectáreas de territorios indígenas, para generar 650 megavatios.
El Gobierno debe impulsar la consulta a las comunidades relacionadas con el proyecto.
“Esto es un camino muy complicado que amerita prudencia. Cada paso debe generar mucha confianza”, explicó el funcionario.
Agregó que, siguiendo con las recomendaciones, el Gobierno trabaja en la creación de una comisión de especialistas sin participación del ICE ni de los nativos.
Mientras tanto, Enrique Rivera, del Frente de Defensa de los Derechos Indígenas, criticó las acciones del Gobierno en este caso.
“El mismo ( Estado) se ha encargado de no crear ni el clima de confianza ni de buena fe que promulgó el año pasado en el momento que el ICE anunció su salida de nuestro territorio”, dijo.
Anaya señaló que hoy tendría otras reuniones y en ellas se verían las características que tendrá la consulta a los indígenas.
Se le consultó sobre el costo y los plazos en que se realizaría; sin embargo, declinó adelantar los detalles que se vieron en la reunión.
En abril del año anterior, el experto de la ONU estuvo en el país y se reunió con autoridades del ICE y del Gobierno. Después de esa cita el ICE desalojó la zona.
Esa fue la principal condición de los lugareños para comenzar el diálogo sobre la represa.
Aunque el ICE dejó la zona, el proyecto se mantuvo vigente. El Instituto espera el mes entrante entregar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) el primer avance del estudio de factibilidad ambiental de la represa.