La mandataria Laura Chinchilla tiene buena intuición. Este lunes vaticinó que en menos de 24 horas alguien se iba a oponer a la concesión de la vía a San Ramón, y la predicción se le cumplió.
Ciudadanos ramonenses anunciaron ayer alegatos ante Sala IV y el Tribunal Contencioso-Administrativo para objetar la concesión por 30 años de la carretera San José-San Ramón a favor de la constructora brasileña OAS.
La información fue confirmada por el líder comunal Paul Brenes, quien aclaró que no están en contra de que se realicen mejoras a la vía, pero sí cuestionan el monto de la inversión, los resultados que se obtendrán y el costo de los peajes.
Según comparó, la ampliación de la ruta (con ocho carriles de San José al aeropuerto y 58 kilómetros de longitud total, hasta San Ramón), costará $524 millones y no incluye la ampliación de los puentes, excepto la estructura paralela del paso sobre el río Virilla.
En cambio, alegó que la vía Cañas-Liberia, de 50 kilómetros y solo cuatro carriles, se construirá en concreto, “que es más caro”, y “todos los puentes se van a ampliar”, con un costo de $150 millones.
Gerardo Campos, presidente interino del Concejo Municipal, dijo que anoche discutirían en la sesión los pasos por seguir en este asunto.
Especialmente, agregó, porque la Contraloría les rechazó un documento en el que pedían que se suspendiera la aprobación del refrendo a favor de OAS hasta que los municipios afectados por la obra exterioricen sus observaciones económicas, sociales y ambientales.
En la Defensoría, por su parte, confirmaron una reunión a principios de marzo con organizaciones de San Ramón, Poás, Grecia, Palmares y Naranjo, inquietas por la obra y el precio del peaje, estimado en casi ¢2.000.
Pedro Castro, ministro de Obras Públicas, se comprometió a escuchar las posiciones de las comunidades afectadas y defendió el proyecto. Declaró que la concesión traerá beneficios para los usuarios, porque reduce en 30 minutos los tiempos de desplazamiento y el gasto en combustibles. Colaboró: Esteban Mata.