Pérez Zeledón. La falta de rampas, servicios sanitarios y otras facilidades para personas con discapacidad en los establecimientos de este cantón son motivo de conflicto.
Comerciantes y personas con discapacidad reclaman que el Ayuntamiento no supervisa las nuevas construcciones para asegurarse de que cumplan con las disposiciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, número 7.600.
Esto ocurre pese a que la legislación tiene 16 años de publicada.
La situación ha provocado que los propietarios de negocios protesten por el otorgamiento de permisos para nuevas edificaciones sin que cumplan los requisitos.
Entretanto, dicen, ellos reciben sanciones o se exponen a cierres porque no han realizado los cambios necesarios para cumplir.
“Hay una comisión de inspectores de Salud, municipales y personas con discapacidad que andan en el campo exigiéndole hasta a las pulperías más pequeñas que construyan un servicio sanitario”, se quejó Héctor Fallas, pulpero y presidente de la Cámara de Comercio de este cantón.
“Por ejemplo, en mi caso tuve que hacer uno (sanitario) y, en 15 años de tener mi negocio, nunca ha llegado una sola persona con discapacidad aquí”, manifestó.
Según dijo, sabe de comerciantes que han tenido que cerrar un local ante la incapacidad para readecuarla según esta normativa.
Wendy Barrantes, persona con discapacidad y representante del Movimiento Vida Independiente, explicó, por su parte, que las inspecciones que realizan son para garantizar el acceso.
La dirigente dijo que realizan esa labor de vigilancia por invitación del Ministerio de Salud.
Esa labor no solo la realizan en Pérez Zeledón sino en otras partes de la zona sur.
“Hemos logrado que algunos negocios modifiquen sus instalaciones, como por ejemplo el Banco Nacional. También logramos que incluso en la misma Municipalidad hicieran el baño, pero igual, no hay acceso al segundo piso”, manifestó Barrantes.
La alcaldesa Vera Corrales explicó que la Municipalidad tiene que aplicar lo establecido en la ley 7600, pero reconoce las limitaciones para asegurar que todas las construcciones cumplan.
“Solo tenemos una ingeniera para supervisar, pero siempre se hace una revisión de los planos los cuales tienen que venir autorizados por el Colegio de Ingenieros y el Ministerio de Salud”, dijo.
“Lo que pasa es que hay mucha gente que se la quiere jugar y no quieren gastar en las adaptaciones; estamos tratando de que todo el mundo se ponga al día y comience a cumplir”, añadió Corrales.