EscucharNueve consorcios entre franceses, españoles, colombianos y costarricenses cortejaron el proyecto San José–Caldera en 1999. Sin embargo, solo uno se atrevió a concursar por el contrato de concesión.
En noviembre del 2000, solo quedaban en la puja la argentina Cartellone, en asocio con Acosol de Costa Rica, empresa que presentó su oferta para construir el trayecto de 80 kilómetros con más de dos décadas de atraso. Para entonces, el proyecto se tasó en $127 millones.
Diez años después, cuando finalmente se estrenó, la vía le costó al país $250 millones, casi el doble de su valor original.
En 1999, cuando los términos de referencia no estaban completamente definidos, estos eran los nueve interesados del proyecto:
Consorcio de Carreteras Centroamericanas (Colombia), Campenon Bernard SGE (Francia), Sideco–Pedregal (Argentina-Costa Rica) y Consorcio Colcorp–Sococo (Colombia-España).
Además, Compañías Constructoras de San José y Fomento de Construcciones y Contratas (Costa Rica–España), Consorcio Dragados–Confides–Belén–Typsa (España-Costa Rica), Consorcio ICA–Terrasol–Sánchez Carvajal (México-Costa Rica), Grupo GTM (Francia) y Consorcio Cartellone– Acosol (Argentina-Costa Rica) .
En diciembre del 2000 trascendió que el riesgo financiero alejó a la mayoría de los oferentes. Consultadas por la prensa, varias firmas alegaron que el proyecto era poco rentable y tenía una alta posibilidad de enfrentar dificultades para obtener el financiamiento.
Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo solo ofrecía el 60% del valor total de la obra.
Francisco Jiménez (hoy ministro de Transportes) y en aquel momento gerente de mercadeo de Pedregal, también alegó la imposibilidad de cumplir con el requisito de terminar la obra en dos años.
El 17 de diciembre del 2000 la firma francesa Campenon Bernard aseguró que el cartel de licitación dejó fuera requisitos técnicos para la construcción de los muros de retención en algunos tramos de vía.
Para entonces, la cartera de Obras Públicas y Transportes la ocupaba Rodolfo Méndez Mata.
Ese vacío, agrega la firma, “podría originar derrumbes y otros problemas que obligarían a cerrar, temporalmente, la carretera”.
Este riesgo lo reconoció Cartellone, que también contrató ingenieros para evaluar los planos.
“Si eventualmente hay que hacer modificaciones, se someterán a las autoridades. No nos conviene tener problemas semejantes a los de la Braulio Carrillo, porque dejaríamos de tener ingresos”, declaró Marcelo Carro, gerente de la división comercial de Cartellone.
Hoy, esos problemas los asumió Autopistas del Sol.
