El plan para construir la megaplanta hidroeléctrica El Diquís en Buenos Aires, Puntarenas, avanza a paso firme en el ICE.
Aunque el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cumple en abril un año desde que se retiró de los territorios indígenas donde pretende instalar parte del embalse, el proyecto no se ha detenido.
Más bien, para el mes entrante tiene previsto entregar a la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) el primer avance de estudio de factibilidad ambiental de la obra.
A su vez, la entidad delegó en el Ministerio de Relaciones Exteriores la consulta indígena que deberá hacerse a la comunidad térraba.
El Diquís es la obra constructiva más grande en la historia del país. Se trata de una planta de generación eléctrica con 650 megavatios de capacidad y una inversión estimada de $2.072 millones.
La iniciativa es clave para garantizar el suministro eléctrico a partir de noviembre del 2018.
Gravin Mayorga, gerente de Electricidad del ICE, explicó que la primera parte del estudio de factibilidad incluye una descripción del proyecto, su justificación y una línea base con el estado actual de toda el área que resultaría impactada por la hidroeléctrica.
Esto incluye la parte biológica, flora, fauna, biótica (ecosistemas), calidades del agua y el área social.
La segunda sección del estudio de factibilidad se refiere a los impactos que la planta generaría sobre esa línea base o estado actual.
“Esa es muy importante porque después se plantean las medidas de compensación y mitigación, donde el elemento más importante es el social”, manifestó Mayorga.
Uno de los impactos más fuertes de la obra será la reubicación de 416 familias (1.547 personas), en su mayoría agricultores, que deberán ser movilizados a otras zonas, pues sus pueblos y propiedades quedarán anegados por el embalse.
El problema, agregó, es que en la zona hay necesidades sociales que no han sido atendidas por el Estado y tampoco le corresponden al ICE.
Por ejemplo, la demanda de un hospital en Buenos Aires.
El vicecanciller Carlos Roverssi coincidió en que el proceso de consulta deberá ser liderado por Relaciones Exteriores.
Sin embargo, apuntó que el panorama luce complejo, pues los grupos indígenas no se ponen de acuerdo sobre cómo debe hacerse esa consulta. Unos opinan que debe ser solo entre los térrabas, otros que debe pedirse criterio a indígenas de todo el país y otros que le corresponde al Consejo Nacional Indígena (Conai), dijo Roverssi.
El vicecanciller confirmó que James Anaya, relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se reunirá este lunes en Casa Presidencial con la comisión encargada del tema indígena y el proyecto El Diquís. Ese comité (en el que participan el ICE, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Cancillería) es liderado por el primer vicepresidente de la República, Alfio Piva.
La cita está programada para las 9 a.m. Anaya asesora al Estado en la consulta indígena.
Roverssi dijo desconocer si el representante de Naciones Unidas tiene más actividades en el país.
En abril del año pasado, el relator visitó la zona donde se desarrollará el proyecto hidroeléctrico y se reunió con los grupos indígenas.
Tras una recomendación del funcionario, el Instituto se retiró de la zona que ocupaba en la reserva indígena térraba.