De reactivarse la fecundación in vitro (FIV) en el país, los médicos que la implementen no podrán desachar ni almacenar embriones.
Esa es una de las exigencias incluidas en el borrador del proyecto de ley que el Gobierno envió a los diputados a inicios de esta semana y del cual
Con ese texto, el Ejecutivo explora la posición de los legisladores frente a la FIV y el apoyo que tendrá el proyecto de ley para regularla.
Hace dos días 34 de los 57 diputados se mostraron a favor del plan. Otros seis manifestaron dudas.
El borrador de la iniciatiiva de ley contiene 19 artículos.
Además de establecer lineamientos en cuanto a la manipulación de los embriones, también hay requisitos para la aplicación de la técnica médica y términos de confidencialidad para cada uno de los eventuales casos de fertilización.
Enrique Castillo, embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y quien remitió el borrador a los diputados, dijo que a quien deseche embriones se le podría acusar del delito de aborto.
El borrador del proyecto y su posible discusión en la Asamblea Legislativa es la principal apuesta del Gobierno para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un informe de agosto, ese órgano de la OEA recriminó al país la prohibición de la fecundación in vitro desde el 2000, por mandato de la Sala IV. Le recomendó levantar dicha prohibición.
La Comisión otorgó dos meses para que el Estado costarricense planteara una solución antes de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Este plazo vence en ocho días.
Si la mujer logra el embarazo, este “no podrá interreumpirse, salvo que por razones terapeúticas demostradas que resulten imprescindibles para preservar la vida de la madre” .
El texto también propone que la mujer o la pareja que busque la técnica deberá acreditar que recurren al método porque “padecen patologías o disfunciones (...) que impiden la procreación de un hijo en forma natural”.
Los solicitantes deberán someterse a exámenes “psíquicos”, prueba se hará para “garantizar la protección de los derechos de la persona por nacer”.
Para el embajador Castillo, el hecho de restringir la manipulación de los embriones permitirá que el médico y la beneficiaria “ponderen el riesgo de un embarazo múltiple”, desde el inicio.
Gerardo Escalante, médico especialista en FIV, criticó la iniciativa al no permitir la conservación de los embriones.
“Ningún centro especializado en FIV desecha embriones, sino que se preservan, primero, para no eliminarlos y, segundo, para evitarle a la mujer tener que volver a pasar por todo el proceso de la técnica si es que esta requiere de un nuevo intento de fertilización”.
Agregó que “si se limita la utilización de embriones, por ejemplo a solo dos, implica que la posibilidad de falla de un embarazo en ciclo sea muy alta”.