El Gobierno dio inicio ayer, de forma oficial, al programa Comunidades Solidarias y Seguras, sin que este cuente con un presupuesto propio.
Esta iniciativa, que pretende mejorar la calidad de vida en los 15 cantones con menor índice de desarrollo y en 20 barrios urbano- marginales, dependerá de recursos de las distintas instituciones del sector social.
Estas deberán desembolsar dinero si la obra o programa que se ejecute está dentro de su área de acción. Por ejemplo: Acueductos y Alcantarillados (AyA) deberá costear la edificación de plantas de tratamiento de agua; y el Instituto Mixto de Ayuda Social, la dotación de becas para colegiales.
Así lo explicó Fernando Marín, ministro de Desarrollo Social, encargado de coordinar las entidades para que giren los recursos y se comprometan con el plan.
Para los cuatro años del Gobierno, Marín estima que se requerirán unos ¢60.000 millones.
Destacó también que todas las acciones del Estado en el ámbito social deben estar dirigidas a las comunidades que atenderá el programa, y que así lo deben visualizar las instituciones.
“El Consejo de Desarrollo Social velará porque se asignen los recursos. No se van a aprobar proyectos que no estén dentro de las prioridades establecidas”, manifestó.
Guararí de Heredia es la comunidad piloto donde se iniciará el programa, y ayer la ceremonia oficial se efectuó ahí.
Se inauguró un Cen-Cinai con capacidad para 30 menores y se brinda atención a 100 familias en extrema pobreza (ayuda económica y capacitaciones).
En proyecto también está en marcha en Llanos de Santa Lucía, en Cartago.