El país aún no cuenta con un sistema único de información sobre quiénes y cómo se benefician de las ayudas sociales que brindan 24 instituciones del Estado.
Tal situación impide verificar la efectividad y cobertura de los programas sociales.
En el 2010, esos subsidios significaron la ejecución de ¢492.909 millones mediante 44 programas. La suma representa el 2,2% del producto interno bruto (PIB).
La advertencia la hizo la Contraloría General de la República (CGR) tras analizar el Sistema de Información para la Gestión Integrada de los Programas Sociales Selectivos (Sigipss).
Ese sistema fue diseñado por la administración anterior. Sin embargo, según el ente contralor, el Ministerio de Bienestar Socia no le ha dado seguimiento oportuno.
Dicho Ministerio es el rector de la lucha contra la pobreza.
Fernando Marín, jerarca de esa entidad, confirmó que el país no tiene un sistema integral que reúna en un solo registro la información de los beneficiarios y de las ayudas sociales que reciben.
Según explicó, el Sigipss no llegó a ponerse en práctica.
“Eso nunca pasó del diseño, porque no existía una herramienta informática con ese sistema”, dijo.
Para la Contraloría, el país carece de una “estructura organizativa estable a nivel sectorial que administre y asegure la integración de los componentes básicos de un Sistema Único de Información de Beneficiarios (SIUB)”.
Esa carencia, explicó el ente contralor, provoca que no se puedan cruzar datos que permitan verificar cobertura y efectividad de las acciones del sector.
Además, por la inversión que representa, urge contar con información integrada para lograr coordinación y seguimiento de los programas de ayudas.
“Antes de diseñar un nuevo sistema mejor explotamos lo que existe y por eso pusimos en práctica el SIPO del IMAS”, manifestó.
Marín explicó que en menos de año y medio incluirán en el SIPO los datos de los programas de las redes de cuido, seguros del Estado, pensiones no contributivas, entre otras ayudas.
Agregó que con el SIPO se tendrá una gran base de población objetivo y población beneficiaria.