EscucharLa promesa de una mejor vida es quebrantada por una realidad esclavizante, llena de maltratos, agresiones y amenazas.
Esta es la experiencia de las víctimas de trata de personas, delito que consiste en trasladar a alguien de un lugar a otro, por medio de engaños, para explotarlo laboral o sexualmente.
En Costa Rica la cantidad de víctimas detectadas aumentó en un 60% entre el año pasado y este. Mientras que en los primeros cinco meses del 2009 se registraron 30 casos, para el mismo período del 2010 la cifra se elevó a 50.
Dicha información fue suministrada por la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública.
La coalición es coordinada por dicha cartera.
Todos los casos detectados en el presente año corresponden a extranjeros; es decir, que no hay registro de casos de trata interna, por ejemplo, alguien que viva en Guanacaste y sea trasladado a San José para su explotación.
Las víctimas provienen de países como República Dominicana, Colombia, El Salvador y Nicaragua, pero también hay personas originarias de otros continentes.
Uno de los casos más relevantes fue el hallazgo de 36 trabajadores asiáticos a quienes mantenían esclavizados en dos barcos pesqueros de una empresa naviera extranjera en Puntarenas.
Tal descubrimiento se dio el pasado 11 de abril.
La Dirección de Migración y Extranjería indicó que los orientales aún se encuentran en suelo nacional a la espera de ser repatriados.
Por ejemplo, desde mediados del año pasado se conformó un equipo de respuesta inmediata para situaciones de trata de personas.
La misión de esta unidad es dar soporte a las víctimas mediante una intervención técnica especializada, multidisciplinaria que garantice su seguridad y protección y evite la revictimización.
Además, se han hecho modificaciones a la legislación con el fin de sancionar a los infractores y proteger a las víctimas.
Por ejemplo, la ley 8.720 de Víctimas y Testigos cuenta con artículos específicos para quienes han sido presa de la trata.
De igual forma, la Ley de Migración, que empezará a regir el próximo año, incorpora dentro de los artículos 94 y 107, la categoría especial de “víctimas de trata”, así como el otorgamiento de su permanencia temporal en el país.
Osvaldo Henderson, fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, dice que falta capacitación en los operadores del Poder Judicial para ver la trata de personas como un delito.
Agregó que la atención de delito implica un alto costo económico, pues la víctimas deben ser instaladas en albergues especiales y brindarles la protección requerida para garantizar su seguridad.
Otro obstáculo, según Henderson, es que el OIJ carece de una unidad de crimen organizado.
