A pesar de las valiosas pistas que han suministrado las pruebas de bachillerato en los últimos 25 años, el país no ha sido capaz de adoptar medidas efectivas para reducir las desigualdades en la educación que reciben nuestros niños y jóvenes.
Dichos exámenes se reinstauraron como mecanismo para medir el conocimiento de los colegiales y controlar el egreso de la enseñanza media.
Sin embargo, también han sido un espejo de las brechas que existen en la formación que reciben los alumnos, según el sitio donde estudian y el tipo de centro educativo al que asisten.
Así, por ejemplo, si se compara el rendimiento de las 27 direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) en las pruebas del 2012, se observa que cuanto más lejos está del Valle Central, menor es la promoción.
De hecho, ese año la mayor promoción la obtuvieron los alumnos del norte de San José (Moravia, Goicoechea, Coronado y Tibás), donde 82 de cada 100 estudiantes ganaron las pruebas.
En cambio, el rendimiento más bajo se produjo en Sarapiquí, Heredia, donde solo el 49% de los alumnos pasaron.
Del mismo modo, los colegios subvencionados y privados mantienen porcentajes de promoción por encima del 90%, mientras que en los nocturnos apenas 49 de cada 100 estudiantes lo logran.
En los colegios públicos esta cifra ronda el 70% y en los técnicos es de un 65%.
Datos sin uso. Félix Barrantes, jefe de Gestión de Calidad Educativa del MEP, explicó que la tecnología permite contar con datos específicos sobre el rendimiento de cada institución en las pruebas nacionales. De hecho, cada diciembre el Ministerio entrega a las secundarias un informe individualizado.
“Uno de los valores agregados del bachillerato es la información que ha producido, pero hay un asignatura pendiente que he visto en casi todos los países: el uso de la información”, explicó Barrantes.
Para Barrantes, una de las deudas que persiste es la mejora del rendimiento de colegios rurales.
Al respecto, el ministro de Educación, Leonardo Garnier, defendió el valor de la información que se desprende del bachillerato.
Sin embargo, también resaltó la inversión del MEP en liceos rurales, educación en zonas indígenas y acceso a Internet. Además, señaló que la desigualdad no es inherente al sistema educativo.
“Las brechas tienen orígenes profundos y diversos, la mayoría trascienden al sistema educativo, cuyo reto es contribuir a reducirlas. En ausencia de un sistema educativo público y universal, crecerían exponencialmente”, dijo Garnier.
Examen polémico. Las pruebas de bachillerato han tenido enemigos desde que el exministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco, las reinstauró en 1988.
Agrupaciones como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) han sostenido que incluso contribuyen a las brechas.
“Los exámenes estandarizados no son una forma de medir si un estudiante tiene o no capacidad de desarrollarse profesionalmente. Estas pruebas lo que hacen es excluir a los alumnos”, expresó Gílberth Díaz, presidente del SEC.
Opinión similar expresó Paola Cruz, profesora del Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo, Sarapiquí. “Hay una falla en pensar que los exámenes pueden medir la capacidad de los estudiantes; ellos deben estudiar para la vida, no para un examen”, opinó .
Para el ministro, si bien el bachillerato es una herramienta parcial que debe complementarse, es indispensable que el sistema educativos cuente con algún instrumento de acreditación a nivel nacional.
“Funcionan como estímulo y presión para que docentes y estudiantes hagan su mejor y mayor esfuerzo y son un aprendizaje en sí mismo”, agregó Garnier.
En los últimos 25 años, un total de 574.888 estudiantes se han graduado como bachilleres formales y 101.464 como técnicos medios. Colaboró: Reyner Montero