EscucharLa falta de un reglamento específico para el debido funcionamiento de las clínicas estéticas, sumado al poco control que realizan las autoridades y la inexistencia de un listado de la cantidad exacta de ese tipo de establecimientos, dejan a la libre la realización de cirugías reconstructivas o plásticas en el país.
Por un lado, el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud sólo categoriza los locales médicos según el riesgo sanitario y ambiental –alto, moderado y bajo– que podrían provocar.
Así, por ejemplo, una clínica con indicador de “alto riesgo” –lo que la obliga a contar con especialistas médicos– sí tiene aval para hacer cirugías, mientras que una de “bajo riesgo” tiene prohibición para ello.
Francisco Gólcher, contralor del Ministerio de Salud y designado por la jerarca Daisy Corrales para analizar cómo operan las clínicas, explicó que han visto algunas que tienen permiso de funcionamiento de “bajo riesgo” pero que, al ser inspeccionadas, se halla que ejecutan labores de “alto riesgo” (cirugías).
Un caso como el anterior –dijo Gólcher– fue la clínica de un médico de apellido Vargas que semanas atrás fue denunciado por una exmodelo debido a una supuesta mala praxis en sus glúteos.
Han sido este tipo de casos, incluido el fallecimiento, este 2 de abril, de la educadora Maidury Granados, de 33 años de edad, debido a una infección en su glúteo, muslo y rodilla izquierdas luego de someterse a una cirugía estética, lo que puso a correr a las autoridades de salud.
Eso propició la creación de una comisión interinstitucional (Salud, Colegio de Médicos y Asociación de Cirujanos Plásticos) para hallar soluciones al problema.
El pasado miércoles se llevó a cabo la primera reunión y ya se adelantó las propuestas que se conocerán dentro de unos seis meses, estimó Golcher.
Sin datos. Otra de las fallas es que el Ministerio desconoce la cantidad de clínicas que realizan procedimientos estéticos.
El funcionario de Salud estima que hay unos 160 establecimientos, pero reconoció que ya giraron instrucciones a las 81 Áreas Rectoras para que hagan un barrido e identifiquen esos locales.
Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes, hizo un llamado público para que se emita regulación más estricta en el tema. Dijo que la cifra extraoficial de locales es de 800 sólo en la Gran Área Metropolitana. “Estamos ante un problema monstruoso”, sentenció.
Para agravar la situación, son los mismos inspectores de Salud quienes deben visitar sodas, tiendas y otros comercios los que también deben velar por la buena operación de las clínicas.
Esa fiscalización se limita a una visita anual a los establecimientos, excepto cuando hay denuncias u otra situaciones, como la reciente muerte de la educadora.
Otras trabas. Silvia Araya Matamoros, vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Cirujanos Plásticos, estima que el cambio más urgente debe ser la legislación, que se delimiten las competencias según especialidad.
Además, indicó que en la última década han fracasado proyectos de ley para variar la legislación.
En eso coincide Marino Ramírez, presidente del Colegio de Médicos, quien explicó que desde el pasado 31 de octubre fue dictaminado en el Congreso un proyecto de ley para reformar la ley orgánica. Entre las reformas hay una que eleva la sanción por faltas al Código de Moral y Ética Médica de ¢200 (vigente desde hace 50 años) a montos entre ¢800.000 y ¢8 millones.
También hay divergencias por el título de los médicos generales, pues también los certifica como “cirujanos” , aunque ésta es una especialidad como tal y requiere cuatro años más de estudio.
